Masorange sostiene que el ERE cumple «holgadamente» con las condiciones del Gobierno en la fusión

Masorange, grupo resultante de la fusión de Orange y MásMóvil, es el último actor en el sector de las telecomunicaciones en sumarse a los despidos colectivos. En este caso, con un ERE para casi el 10% de la plantilla que llega a penas cinco meses después de obtener la autorización del Gobierno para poder operar en España como un solo grupo.

La operación superó los 18.000 millones de euros y dio lugar al mayor operador de telecomunicaciones español por número de clientes, sobrepasando por primera vez a Telefónica. Más allá de la aprobación de la Comisión Europea y de los organismos reguladores, la compañía necesitó de ‘luz verde’ gubernamental desde el punto de vista de la regulación para inversiones extranjeras.

Ahora, el grupo que dirige Meinrad Spenger acaba de comunicar un proceso por el que pretende recortar 795 puestos de trabajo de una plantilla total de 8.400 empelados. Sin embargo, no se ejecutará mediante bajas forzosas, sino que se primará la voluntariedad de las salidas, un aspecto clave en la negociación.

En esta línea, el visto bueno del Ejecutivo fue acompañado de una serie de compromisos de mantenimiento de empleo en el país, que desde el operador aseguran tener en cuenta en este expediente de regulación de empleo.

Cumple «holgadamente» con el mantenimiento del empleo en España

Fuentes de Masorange señalan a Economía Digital que cumplen «holgadamente» con los compromisos pactados con el Gobierno de España para obtener la autorización de la fusión y están tranquilos.

El acuerdo fue acompañado de unos «compromisos de mantenimiento de empleo suficientes», en palabras del ministro de Transformación Digital y Función Pública y futuro gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

Otras fuentes conocedoras del proceso de despido colectivo explican que las condiciones de mantenimiento de empleo impuestas por el Ejecutivo para autorizar la fusión entre Orange y MásMóvil están cuantificadas en el acuerdo firmado.

Entre estos compromisos, el grupo también prometió un «ambicioso» plan industrial. En este sentido, el grupo aseguró durante su puesta de largo ante el público que destinaría 4.000 millones de euros de inversión, especialmente para el despliegue de redes en el país.

En cualquier caso, se trata de un pacto confidencial del que no ha transcendido su contenido, pero que desde el grupo liderado por Meinrad Spenger aseguran no incumplirlo con esta estrategia de reducción de plantilla.

Los sindicatos piden condiciones de salida similares a las de 2021

Desde las diferentes partes que componen el Gobierno se han pronunciado asegurando que vigilarán que el proceso se lleve a cabo siguiendo todos los cauces legales. «Si hay un compromiso de empleo, velaremos por que se cumpla en los propios términos», han destacado desde el Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz.

La secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, ha confiado en que sindicatos y empresa puedan llegar a un acuerdo y la negociación no necesite de la intervención del Gobierno, como ocurrió en el ERE de Vodafone.

En este último caso, el fondo británico Zegona también tuvo que contar con el aval gubernamental para hacerse con el negocio de Vodafone en España, para poco después anunciar los despidos. No obstante, la mayor parte de las salidas fueron forzosas.

Por su parte, los sindicatos han rechazado el ajuste de plantilla comunicado este martes, si bien aseguran que, de darse finalmente, defenderán la voluntariedad total de las salidas y unas condiciones indemnizatorias similares a las acordadas en el ERE de 2021 en Orange España. Este último recorte fue de 400 trabajadores con indemnizaciones que alcanzaron hasta los 62 días por año trabajado en algunos casos.

A la espera de que se constituya la mesa de negociación el próximo 17 de septiembre, las salidas afectarán a seis de las nueve sociedades del grupo de telecomunicaciones. Fuentes sindicales señalan a este medio que al ser un ERE voluntario, es difícil saber con precisión cuáles serán las áreas más afectadas.