Más de 3.000 médicos de la Sanidad privada exigen al Gobierno acabar con el modelo actual de Muface

El Consejo de Ministros tiene previsto anunciar hoy el nuevo convenio de Muface, al que se oponen las aseguradoras. Un millón y medio de funcionarios están afectados; si no hubiera acuerdo pasarían a la sanidad pública, al borde del colapso.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

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La Asociación Española de Médicos de Ejercicio Libre (Unipromel), con más de 3.000 profesionales asociados, presenta hoy un escrito ante el Gobierno reclamando cambios radicales en el funcionamiento de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface).

La asociación solicita en último extremo que el Estado cubra directamente los costes de la atención sanitaria que realizan los médicos a los mutualistas, prescindiendo de las aseguradoras que hasta ahora gestionan ese servicio.

La solicitud coincide con el anuncio previsto también para hoy del Consejo de Ministros sobre las condiciones del nuevo convenio de Muface.

Las posiciones entre el Gobierno y las aseguradoras son tan alejadas que existe el riesgo de que no se renueve el convenio, y que más de un millón de funcionarios pase a la sanidad pública.

Unipromel reclama que Muface sea auditada por el Igae, y examinada por el Tribunal de Cuentas

Los funcionarios cubiertos por Muface, en total, 1,5 millones de personas -trabajadores y familiares-, deciden cada año si prefieren asistencia sanitaria pública o asistida por las aseguradoras del concierto, opción por la que se decanta cerca del 80%.

Las tres aseguradoras que en la actualidad prestan asistencia sanitaria a los funcionarios a través de Muface –Adeslas, Asisa y DKV– han advertido que no acudirán a una licitación con las condiciones que hasta ahora ha trasladado el Gobierno, que consideran insuficientes.

Unipromel, presidida por el oftalmólogo Ignacio Guerrero Ramírez, reclama que Muface ofrezca con mayor transparencia sus cuentas, su actividad, y que pueda ser auditada por la Intervención General de la Administración del Estado (Igae) y examinada por el Tribunal de Cuentas.

«Hacienda tiene que poner más dinero para financiar la atención pública de los mutualistas», dicen fuentes de Unipromel. «Que el paciente sepa lo que se pague, no es ningún privilegio ir a la sanidad privada, la privada es buena como complemento de la pública, pero los casos graves no se atienden igual», añaden.

«Se está produciendo una vulneración de los derechos de los médicos«, afirman. «El concierto de Muface maneja precios temerarios y luego a sus pacientes les imponen unas limitaciones de gasto sanitario que no conocen», añaden.

«Un mutualista pide una cita médica y le van a dar una fecha más tardía que a un cliente privado que no sea mutualista«, señalan. «Los médicos deben hacer un esfuerzo sobrehumano para atender a los mutualistas, hay una discriminación».

Además de los funcionarios adscritos a Muface (funcionarios que trabajan en la Administración General del Estado), se encuentran en una situación similar los miembros del Ejército y Guardia Civil, inscritos en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), y los funcionarios de la Administración de Justicia, adscritos a la Mutualidad General Judicial (Mugeju), en total cerca de 660.000 personas más.

Hasta ahora, el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, dirigido por Óscar López, ha propuesto una subida de la prima del 14% para los próximos dos años, mientras que las aseguradoras requieren una subida de entre el 24% y el 40%.

IDIS y CSIF

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), constituida por las principales empresas del sector sanitario de España, entre ellas Adeslas, DKV y Asisa, instó por su parte el pasado mes de septiembre a «reconsiderar las condiciones atendiendo a las pérdidas que las entidades que prestan el servicio vienen acumulando durante años».

La organización sostiene que en Muface la prima media es de 984 euros, frente a los 1.736 euros del régimen general, y que el aumento que ha planteado el Gobierno «es especialmente gravoso».

CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, exige al Gobierno que garantice una financiación suficiente para el próximo concierto de Muface.

«La calidad de la atención sanitaria del funcionariado no puede estar comprometida por la falta de inversión del Gobierno y exige que se adecúe la prima para poder prestarse el servicio sanitario sin los recortes acontecidos en el último concierto», dice Csif.

El sindicato asegura que Muface, al igual que Mugeju e Isfas, se están viendo abocados «a un deterioro continuo por una inversión deficitaria«. Y advierte que responderá «con toda contundencia» en el caso de que no se responda a las necesidades de los mutualistas.

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