Marsal rompe su silencio e incrimina a la UPM

Antoni Marsal pide la palabra. El ex presidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM), una de las sectoriales más potentes de Foment del Treball, ha decidido romper el silencio que le ha rodeado desde el día de su detención el pasado 30 de mayo por presuntamente desviar fondos de la organización y de subvenciones públicas a su bolsillo. La cita con la juez es el próximo 14 de marzo y las intenciones del ejecutivo son inequívocas: rebatir acusaciones al tiempo que incrimina a la UPM.

El ex patrón, además de solicitar él mismo la vista, también ha remitido un escrito al juzgado de instrucción número 18 de Barcelona en que ofrece su versión de los hechos. El texto, firmado por el letrado Enric Carulla del despacho Garrigues, ofrece detalles sobre el funcionamiento irregular de la UPM durante años, cosa que podría suponer la inculpación del organismo como responsable civil subsidiario.

Organización corrompida

El escrito desvela que la querella que presentó la UPM en contra de su ex presidente ocultaba información al juzgado. “Debió parecer un detalle sin importancia esconder lo que era perfectamente conocido: la práctica consistente en retribuir a los presidentes que precedieron a Marsal”. Para reforzar tal afirmación, se recuerda la intervención del vicepresidente cuarto de la patronal, Francesc Comajuan, en una junta celebrada cuatro meses antes de la presentación de la querella y poco después de la dimisión de Marsal en la que afirmaba que el pago irregular de directivos era “una práctica que se arrastraba de anteriores mandatos”. De hecho, la documentación aportada muestra como en una década se pagó alrededor de 1 millón de euros a diferentes altos cargos.

Partiendo de esta base, el letrado apunta que no se pudo desviar fondos de la organización porque ésta era plenamente conocedora de la situación. No obstante, en el capítulo de las subvenciones públicas, la cosa cambia. La defensa de Marsal señala que, de haber delito, la UPM no puede ejercer de acusación particular –persona ofendida por los hechos– ya que los fondos sustraídos con su permiso son del Estado. El abogado Enric Carulla concluye: “No cabe duda que la única condición que podría ostentar la patronal sería, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 120.4 del Código Penal, la de responsable civil subsidiaria”.

Rebate los delitos

Marsal está imputado por malversación de caudales públicos en los años 2007, 2008 y 2009 en relación de unas facturas con cargo a formación subvencionada. También se le acusa de apropiación indebida de fondos de la patronal en los años 2010, 2011, y 2012.

El escrito se agarra a que la UPM siempre estuvo al corriente de los pagos para desactivar esta última acusación. Es más, se indica que la patronal reconoció su derecho a cobrar. El propio Comajuan en el mismo encuentro afirmó que Marsal asumió “una serie de funciones y responsabilidades que excedían en mucho el ámbito meramente institucional que le correspondía”. Otro ponente, Rogelio Oficialtegui afirmó, según figura en acta, que “si Marsal lo hubiese dicho y hubiera explicado el alcance de sus funciones y su dedicación a la UPM seguro que se le hubiese pagado, pues es de justicia pagar los trabajos”.

Regularización

Además, apunta dos diferencias entre las remuneraciones de Marsal y las de Guillermo Bueno y Ángel Guerrero de Castro, sus predecesores en el cargo. La primera es que “los servicios retribuidos en el caso del actual acusado sí se corresponden con efectivos trabajos realizados por él de naturaleza ejecutiva”.

La segunda muestra que “los pagos efectuados por Marsal fueron contabilizados debidamente”. El escrito indica que el ex presidente de la patronal hizo esfuerzos por acabar con los pagos periódicos y no declarados en favor de sus máximos responsables y de la mayoría de sus trabajadores mediante la emisión de las correspondientes facturas con su tributación impositiva.

¿Hubo fraude con las subvenciones?

El escrito también desmonta la acusación de malversación de caudales públicos. Se explica que un informe de la Guardia Civil muestra como Marsal emitió facturas a través de una empresa por servicios que sí fueron realmente prestados y que fue voluntad de la propia UPM modificarlas con cargo a los expedientes de formación subvencionados. Además, recuerda que nunca hubo una alteración sustancial de los fines de las ayudas cuando lo cierto es que que la actividad subvencionada fue realizada.

No obstante, el abogado se cura en salud y resalta que en 2007 y 2008 las cantidades que supuestamente sustrajo Marsal no superan los 120.000 euros, límite que fija la categoría de delito, por lo que debería solucionarse por la vía administrativa.