Los administradores concursales ven culpas de los directivos en la quiebra de Spanair

La flor y nata del empresariado barcelonés, con Ferran Soriano en cabeza, responderá de la mayor quiebra de la aviación española si el juez hace suyas las conclusiones de los administradores concursales de Spanair. PwC y De Gispert Abogados han hallado “culpabilidad” del consejo de administración en la bancarrota de la pretendida compañía de bandera catalana, sucedida en enero de 2012.

Además del actual director ejecutivo del Manchester City, están bajo foco judicial el director general de Fira de Barcelona, Agustín Cordón; el último presidente de Catalana d’Iniciatives, Manel Albanell; el director general del RACC, Josep Mateu; el presidente de Husa, Joan Gaspart; el presidente del lobby nacionalista Femcat, Miquel Martí; el hijo del presidente de Sehrs, Jordi Bagó; y el socio de Jaume Roures en Mediapro, Tatxo Benet, entre otros. Los administradores también señalan al consejero delegado Michael Szucs, así como a los representantes de la escandinava SAS en el consejo.

Resolución categórica

Del proceso restaba por saber si los administradores judiciales calificaban el cierre como fortuito o bien, debido a la negligencia de los directivos de la aerolínea, le asignaban la categoría de culpable, como finalmente han decidido. Así, los encargados por el magistrado de hacerse cargo de la firma insolvente han concluido de manera categórica que el de Spanair es un “concurso culpable”.

La decisión no ha sorprendido en los juzgados mercantiles de Barcelona, que preveían esta posibilidad desde hace meses.

Demora innecesaria

Se considera probado que el consejo de administración demoró “innecesariamente” –según ha podido saber este diario en exclusiva– el concurso de acreedores y que, por tanto, alargó la agonía de Spanair en el tiempo. Esa artificialidad operativa tiene un resultado numérico. Al menos 400 millones del desfase patrimonial se atribuyen de manera directa a las decisiones de Soriano y del órgano de gobierno que presidía.

Spanair operó durante meses sin apenas recursos propios. Mantenía el día a día gracias a préstamos públicos de todo tipo, que llegaron a triangular la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y Fira de Barcelona en varias operaciones de auxilio financiero. La abultada deuda que se fue acumulando descapitalizó las arcas de la aerolínea. Varios proveedores, como Aena, aún esperan cobrar facturas pendientes de hasta 60 millones de euros. La bancarrota terminó con el despido colectivo de 2.597 profesionales.

El juez, decidirá las medidas a adoptar

Ahora el titular del juzgado mercantil número 10 de Barcelona, Juan Manuel de Castro, tiene todos los elementos para decidir sobre la quiebra de la aerolínea que, en su día, fundó Gerardo Díaz-Ferrán –en prisión por el caso Marsans—. Se espera que el magistrado se pronuncie el próximo marzo.

Si De Castro secundase la opinión de los administradores que han seguido el proceso concursal, podría exigir responsabilidades a los integrantes del último consejo de administración, que alcanzaría incluso el ámbito penal.