Fincas, edificios y suelos en Málaga por 615 millones: así será la millonaria liquidación de la familia Larios

Son muchas las incógnitas que surgen ante una liquidación de un patrimonio de las dimensiones del que agrupa la familia Larios. Valorado en 615 millones de euros, el grupo Mazacruz ha iniciado su disolución definitiva, que implica la división de sus empresas entre los cuatro socios de la sociedad, todos miembros de la familia Larios.

Tras más de dos décadas de batalla judicial, ahora está todo en manos de la consultora Pkf Attest Servicios Profesionales SL, la empresa designada por la Cámara de Comercio Internacional como liquidadora del grupo el pasado mes de agosto, que tendrá que ceñirse a lo que dictaminó el laudo arbitral en 2017: liquidar el grupo y repartirlo en función del porcentaje de participación accionarial de cada socio.

En concreto, la partición es la siguiente: Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna, actual marqués de Paul, dispone del 27% de las participaciones del grupo; Bárbara Kalachnikoff, viuda del anterior marqués –padre de Altuna, y que falleció en 2004– y madrastra de Altuna, y sus otras hijas, Bárbara y Christina, suman el 73% restante del accionariado.

¿Cómo quedarán las empresas filiales de Mazacruz con la disolución? Según fuentes de la Sociedad Azucarera Larios, una de las más importantes del holding empresarial, la liquidación de la empresa matriz «es un asunto entre los socios» por lo que «en nada afecta a las filiales de la sociedad Mazacruz«. Además, aseguran que los socios «están en conversaciones para alcanzar un acuerdo entre ellos, y que así se ponga fin al proceso de liquidación».

De la misma manera se expresa el catedrático de Derecho y Académico Numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España Bernardo Cremades, referente en el arbitraje internacional, cuyo despacho se encargó del procedimiento arbitral de la sociedad. «Las filiales seguirán funcionando, la liquidación tienen que ver con cómo se distribuye el patrimonio», señala.

Frederic Munné, abogado experto en procesos arbitrales y presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona, comenta que, cuando una empresa cambia de manos «cambian muchas cosas». «Es el mismo caso que si un grupo inversor compra una compañía, pueden cambiar las dinámicas, quizá algunas unidades productivas se cierren…», dice.

Aun así, considera que, en este caso, teniendo en cuenta la dimensión de los activos a repartir, la liquidación y partición «es menos compleja, en principio no hay necesidad de disolver parcelas o despedir trabajadores, porque hay mucho patrimonio, aunque quizá haya que vender alguna parte para acabar de ajustar, porque el porcentaje tiene que ser exacto», precisa.

Una matriz, seis filiales y más de 615 millones de activos

El grupo Mazacruz es el resultado de la unificación societaria del patrimonio de la familia Larios en 1994. Tiene su sede fiscal en Madrid y sus activos están valorados en 615 millones de euros; así lo dictó el árbitro en 2017 durante el proceso arbitral.

Actualmente, se compone de cinco filiales que, con base en las cuentas de 2023, a las que este diario ha accedido a través de Insight View, constan de los siguientes activos en el balance y registraron estos ingresos y beneficios:

La Sociedad Azucarera Larios es una de las empresas principales del grupo Mazacruz. Está dedicada a la promoción inmobiliaria, la gestión de suelos y la gestión patrimonial de bienes, así como al alquiler de fincas rústicas y producción agrícola.

La compañía, a su vez, forma otro holding empresarial, formado por Sociedad Azucarera Larios Inmobiliaria, Sociedad Azucarera Larios Patrimonio y Salsa Agrícola.

El grupo se formó en 1994, y desde su constitución la empresa ha construido más de 2.200 viviendas y gestionado más de 73.000 metros cuadrados en oficinas, locales comerciales y viviendas, así como el Centro Comercial El Ingenio, en Vélez-Málaga.

Algunos de los inmuebles más significativos de la sociedad son: el edificio Marqués de Larios, el número 3 y el número 4, en Málaga, construidos a finales del siglo XIX; el edificio Martínez, número 11, también en Málaga, de la misma época, o el edificio Guillén de Castro, número 2, también en Málaga, que data de 1875. En Madrid, cuenta con el edificio Alfonso XI, 12, de 1904.

El otro pilar principal del grupo Mazacruz es la finca de caza Dehesa de los Llanos, en Albacete; con sus más de 14.000 hectáreas, es una de las más importantes de España. Se dedica a la producción artesanal de quesos, vinos y otros productos gourmet propios de la zona, que obtienen gracias a los cultivos y la ganadería que permite la gran extensión de la finca.

Finalmente, la empresa Conservación Mobiliaria se dedica a la compraventa, depósito y tenencias de cuadros, esculturas, muebles, antigüedades y cualquier otro objeto de arte, así como al cuidado, restauración y conservación de antigüedades.

20 años de disputa judicial entre la familia Larios

La disolución del grupo Mazacruz y, por tanto, la liquidación de sus activos, es consecuencia del laudo arbitral que se dictaminó en 2017, que declaró el «abuso de la posición de dominio» que ejercía el marqués, Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna, frente al resto de socios del grupo, Bárbara Kalachnikof y sus hijas.

Esta situación se debía a que Altuna, con el 27% de las participaciones del grupo, ejercía el control de la sociedad gracias a un acuerdo por el que se le había dado un privilegio de voto, que consistía en que cada una de sus participaciones valiera cinco votos y no solo una. En 2003, Altuna demandó a su padre, Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Príes, para hacer valer este acuerdo, además de una donación de acciones de Mazacruz que le había hecho.

Ante estas circunstancias, en 2014, Kalachnikoff y sus hijas solicitaron un procedimiento de arbitraje, después de 44 litigios. El procedimiento de arbitraje de equidad era posible porque así lo establecían los estatutos de la sociedad Mazacruz si se daba el caso de desavenencias entre sus socios.

El catedrático de Derecho Mercantil por la Universidad de Barcelona, Rafael Jiménez de Parga, fue nombrado árbitro en el proceso por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y acabó dictaminando, en 2017, un «abuso de la posición de dominio» de Altuna, por lo que había que proceder a disolver la sociedad.

Los distintos recursos del marqués habían paralizado el proceso de liquidación, dictado en 2017

«En un proceso de arbitraje de equidad, no hay porque aplicar el derecho, pues permite que ante una situación manifiestamente injusta a la que lleva el derecho, aplicar otra solución; como en este caso, el árbitro decidió disolver la sociedad porque entendió precisamente esta situación de abuso del derecho, e hizo una interpretación extensiva de los supuestos que la ley prevé para disolver una sociedad», apunta el abogado del Tribunal Arbitral de Barcelona, Frederic Munné.

Una situación de abuso que, con 44 litigios entre los socios y miembros de la familia Larios, llevaba a la «paralización y difícil realización del fin social de la sociedad«, uno de los supuestos que la ley permite para disolver una empresa. Así como una posición de «abuso» del socio minoritario, Altuna, sobre los demás, por ejemplo, «impidiendo el reparto dividendos pese a la asfixia económica de los otros socios», explica Manné.

Pese a que la decisión de disolver la sociedad estaba tomada desde 2017, los distintos recursos del marqués habían paralizado el proceso de liquidación: en enero de 2018, el laudo fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que entendió que no estaba «suficientemente motivado».

A partir de aquí, el caso acabo pasando al Tribunal Constitucional, que en febrero de 2021 estimó el recurso de amparo interpuesto contra la sentencia dictaminada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además, en mayo de ese año, otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó otro recurso, validando así el laudo arbitral.

Finalmente, a principios de 2023, el Constitucional rechazó el último recurso de amparo interpuesto por Altuna, dando la razón a Kalachnikoff y sus hijas, por lo que la liquidación era definitivamente firme, a la espera del nombramiento de la empresa liquidadora, que se formalizó en agosto de este 2024.