Las grandes inmobiliarias dicen que las leyes españolas son un incordio
Los inversores critican los excesos de controles y las juntas de compensación “que son una pérdida de tiempo”
Las grandes inmobiliarias, que ven cada vez con mayor interés el mercado inmobiliario local, consideran que las leyes y los procedimientos urbanísticos en España son lentos y solo ponen trabas a la inversión.
Los consultores que asesoran a los fondos interesados en invertir en el país –hasta ahora solo buitres o semibuitres— aseguran que la principal queja del sector son las leyes españolas, los procedimientos engorrosos y la protección a los posibles desahuciados.
Doble control
Los representantes de la consultora Aguirre Newman explican que sus clientes ven excesivas restricciones en España para la aprobación de los planes urbanísticos. Consideran que el doble nivel de control de ayuntamientos y comunidades autónomas supone un obstáculo para la atracción del capital.
Los inversores también tienen reticencias con las medidas aprobadas por el Gobierno en mayo para suspender durante dos años los lanzamientos hipotecarios de los inquilinos con peores condiciones socioeconómicas. Opinan que medidas de ese calado “solo generan incertidumbre”.
Juntas de compensación
Mención aparte merecen las juntas de compensación, un mecanismo usado en España en los procesos de expropiación y que el sector percibe como “una pérdida de tiempo”. “Los inversores no entienden que el mecanismo exija poner de acuerdo a tanta gente. Es un sistema extremadamente rígido”, explican los ejecutivos de Aguirre Newman.
El apetito de los fondos se ha despertado en los activos inmobiliarios para la instalación de grandes hoteles de lujo en zonas privilegiadas de Madrid y Barcelona. El gigante chino Wanda ha hecho público su interés por el sector de la hostelería en los centros históricos.
El Gobierno, mal gestor inmobiliario
El Gobierno central cuenta en Madrid con 220 inmuebles, según los datos que maneja la consultora Aguirre Newman. “Si fuese un buen gestor, podría vender el 20% y, de este modo, contribuiría con la reducción del déficit fiscal”, explica Santiago Aguirre, presidente de la compañía.
Hasta el año pasado, el Gobierno gastaba 100 millones de euros al año en alquileres y mantenimiento. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría calcula que la Administración dispone de 55.000 edificios, algunos de ellos infrautilizados o vacíos.
Y mientras mantiene patrimonio desaprovechado, el Ejecutivo paga alquileres en otros 1.000 inmuebles urbanos, todo un despropósito de gestión inmobiliaria. El plan incluye la venta de buena parte del patrimonio, pero los ministerios todavía no han concluido la contabilización de los inmuebles.
