Las constructoras del 3% catalán convergen en una nueva trama corrupta

La operación contra presunta corrupción en las obras de la estación del AVE de La Sagrera se cerró ayer con 14 detenidos. Dirigida por el juzgado de instrucción número 16 de Barcelona, la Guardia Civil realizó 15 registros, entre ellos el de la sede de la empresa pública Adif, y detuvo a dos de sus ex directores de obra.

Además, la benemérita registró las sedes de las uniones temporales de empresas (UTE) a las que se adjudicó la construcción de la Sagrera y de sus accesos viarios, así como de varios domicilios particulares. La Guardia Civil buscaba pruebas de que se cobraron obras que no se habrían hecho y de que se habían inflado facturas, lo que provoca que las obras estén paradas desde 2014.

En el ojo del huracán

La operación de La Sagrera ha vuelto a poner de manifiesto prácticas presuntamente ilícitas de las constructoras de obra pública, las compañías más polémicas por su cercanía con el poder político. Su trabajo depende de las concesiones públicas y muchas de estas constructoras han aparecido en los papeles de Bárcenas o en el caso del 3% catalán, por las donaciones al PP y CDC respectivamente.

Siempre ha pesado sobre estas compañías la sospecha de que en muchas ocasiones, las concesiones no salen gratis. Con la crisis, estallaron varios casos que lo evidenciaban. Aunque siguen por resolver, hay algunas empresas que se repiten… quizá porque son las más grandes, pero dan la sensación de que, al final, la gran obra pública es un pastel que se reparten entre pocos.

El caso de La Sagrera es una buena muestra de ello: varias de las ocho constructoras investigadas por la Guardia Civil han aparecido en los papeles de Bárcenas, por el presunto pago de comisiones al ex tesorero del PP, o en el 3% catalán, por el mismo delito pero con Jordi Pujol y Convergència.

Ocho constructoras con experiencia

La operación de este martes ha puesto en la picota a ocho constructoras, que trabajan en dos UTE. La que se encargaba de las obras de la estación, con Dragados, Acciona, Acsa y Comsa, y la de los accesos viarios, formada por Copisa, FCC Construcción, Ferrovial Agromán y Rubau. Y por si fuera poco, la operación empezó por la investigación a Isolux Corsan por la construcción de unas plataformas en La Sagrera.

La mayoría de estas empresas han aparecido en las listas de donantes a partidos políticos y sus fundaciones, especialmente en relación al caso del 3%. Donar dinero a un partido no es delito –si está dentro de los límites legales–, pero sí si es a cambio de favores como concesiones. Eso es lo que investiga la justicia española, aunque ya se han encontrado donaciones muy cercanas en el tiempo a concesiones.

De hecho, coincide el nombre de las constructoras que más donaciones han hecho a la fundación Catdem, vinculada a Convergència, con las que más concesiones recibieron durante las presidencias de Jordi Pujol y Artur Mas. CDC, que tiene su sede embargada por el caso Palau, ha prohibido recientemente las donaciones para pasar página.  

Ferrovial y el caso del Palau de la Música

Justamente en el caso del Palau de la Música tiene un papel central Ferrovial. La instrucción del caso concluyó que la constructora de la familia Del Pino había pagado comisiones a CDC a través de los responsables del Palau, a cambio de adjudicaciones.

Ferrovial no es la única constructora con sede en Madrid que aparece en las listas del 3% y también en La Sagrera. Si no, que se lo pregunten a Florentino Pérez. El grupo ACS, a través de la filial Urbaser, estaba entre los donantes de la Catdem. También aparece en los papeles de Bárcenas y, ahora, con Dragados, en las obras del AVE.  

Comsa, con o sin los Sumarroca

Sin embargo, el grueso de constructoras de obra pública con lazos con los Pujol y CDC son catalanas. No puede pasarse por alto una familia: los Sumarroca. Levantaron Teyco gracias a concesiones de obras en ayuntamientos convergentes, como el de Torredembarra, como se destapó el pasado verano.  

Teyco era un donante habitual de CDC, así como la antigua Comsa Emte, en la que participaban los Sumarroca con la familia Miarnau. Ahora dirigida sólo por esta también ilustre familia de la burguesía catalana –los Sumarroca, apartados de la gestión, sólo mantienen una participación minoritaria–, Comsa está de nuevo entre las investigadas de La Sagrera.  

Tauler, otro ‘sospechoso habitual’  

Copisa era otra de las constructoras catalanas habituales mezcladas con el 3%, bajo el liderazgo de Xavier Tauler, ex director general cesado hace un año y que fue detenido en octubre de 2015, precisamente por dicho caso. También había sido imputado por los negocios de Jordi Pujol Ferrusola, como Jordi Sumarroca, ex presidente de Teyco.

Esta constructora, de la familia Cornadó, es donante habitual de CDC y también está en la UTE de los accesos a La Sagrera. Su ex director general se reunió alguna vez con el tesorero del partido, Andreu Viloca, el mismo día en el que recibía una concesión y hacía una donación, según informó la Cadena Ser.

Acsa, que también aparece en la investigación de las obras del AVE, pertenece al grupo Sorigué. Esta compañía es una institución en la obra pública en Lleida, donde se adjudica buena parte de las concesiones, y fue imputada por los papeles de Bárcenas. Además, junto con Comsa y Copisa, ha sido de las empresas más beneficiadas por las adjudicaciones durante la presidencia de Artur Mas.  

Vínculos también con Bárcenas y Acuamed  

Otras de las compañías de las obras de La Sagrera también han estado en el centro del foco por otros casos. Dos altos directivos de FCC están siendo investigados por los papeles de Bárcenas y Acuamed. Por este segundo caso también fue detenido un directivo de Acciona.  

Y por último Isolux. No ha sido de las investigadas este martes, ya que el foco sobre ella se puso hace años. Su hasta hace poco presidente, Luis Delso, ha tenido que declarar en varias ocasiones por sus negocios con la familia Pujol.

Estas son las empresas de La Sagrera, bajo sospecha por el cobro de trabajos no realizados y por inflar facturas. Más allá de los posibles delitos, son las responsables de que las obras estén paradas desde que Fomento se dio cuenta de las presuntas irregularidades. Y si se confirman los delitos y se revoca la concesión, la que tenía que ser la gran estación del AVE de Barcelona quedará suspendida sine die.