La Sepi incurre en una deuda récord de más de 5.000 millones con la compra de Telefónica

La adquisición de un 10% de Telefónica por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) supone tensar más aún las cuentas de una sociedad pública que ya cerró el año pasado con una deuda total de más de 3.040 millones de euros. De hecho, si la adquisición se hiciera únicamente a través de deuda (aunque tiene un límite de 320 millones para este año), el pasivo superaría el umbral de los 5.000 millones de euros.

La compra del 10% de Telefónica supone, con el precio del cierre de mercado de este martes (3,56 euros), un desembolso de entorno a 2.040 millones de euros que el organismo tendrá que financiar, o bien endeudándose, o bien recibiendo una transferencia adicional del Estado para la compra.

Según la información de sus cuentas anuales, a cierre del año pasado la sociedad estatal dependiente del Ministerio de Hacienda tenía 2.165 millones de euros en préstamos, con un tipo de interés medio del 0,561%, mientras que contaba con 874 millones de euros en pólizas de crédito, con un interés medio del 2,08%. En comparación con solo un año antes, esto supone una deuda de 315 millones más.

El tope de deuda para este año es 320 millones

De hecho, el endeudamiento coincide con el tope que establecieron los Presupuestos Generales del Estado para el año anterior. La Sepi tiene limitada su capacidad para engordar el pasivo por ley y el endeudamiento máximo para el año anterior fue de 60 millones menos que en comparación con el ejercicio anterior.

Durante el año pasado la Sepi compró más de 16 millones de acciones de Indra para pasar del 9,29% hasta alcanzar un 28% de su capital, para lo cual invirtió 173,5 millones de euros. La cifra máxima autorizada para 2023 es de 320 millones de euros.

El Gobierno no ha dado pistas de cómo se producirá la adquisición de este 10% de la compañía, hasta convertirse en el principal accionista de la operadora. Si bien se producirá la orden para que la Sepi haga la compra, el comunicado de la Vicepresidencia Cuarta que dirige la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha dado más claves, más allá de defender la operación por tratarse de una compañía «determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa».

El Gobierno estudia desde octubre la entrada en Telefónica

«La presencia de un accionista público en Telefónica supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales«, asevera el Ministerio.

La adquisición llega apenas tres meses después de que la empresa de telecomunicaciones saudí STC alumbrara una adquisición del 4,9% del accionariado de Telefónica, con la posibilidad de ampliar la citada participación hasta el 9%. El Gobierno dejó entrever que estudiaría la entrada de la Sepi -como se ha producido-, aunque sin dar más pistas, debido a que se trata de una compañía cotizada y de las más relevantes del país, como aseguró la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

«Un gobierno responsable tiene que ser muy prudente en sus declaraciones públicas cuando estamos hablando de informaciones y empresas que cotizan en sus mercados (…) Estamos hablando de una empresa muy estratégica, si no la más estratégica de nuestro país, por su papel en las telecomunicaciones y en el ámbito de la defensa», defendía a principios de noviembre.

El Ejecutivo justifica la ‘reentrada’ en una compañía que fue pública con una comparación con los pares europeos. La posición de un 10% en Telefónica es similar a la que posee el estado alemán en Deutsche Telekom (13,8%), la francesa en Orange (13,4%) o la participación italiana en Telecom Italia (20%).