Jamón | La Junta de Extremadura reclamará las ayudas publicadas por ED
El gobierno extremeño solicitará la devolución de los 100.000 euros -y los intereses de demora- que dio a una empresa investigada por la trama del jamón
La Junta de Extremadura va a reclamar la devolución de las subvenciones otorgadas en 2018 a Surave Spain SL —propietaria de la empresa extremeña Monteporrino SCL, que está siendo investigada en la última trama del jamón— después de las informaciones publicadas este miércoles por Economía Digital (ED).
La Guardia Civil incautó en una nave industrial de Monteporrino una partida de 25.000 jamones que no llevaban los pertinentes sellos sanitarios. ED comprobó que Surave Spain recibió del gobierno de Extremadura, dirigido por Guillermo Fernández Vara (PSOE), más de 100.000 euros en ayudas en 2018 destinadas a fomentar el empleo.
Esta empresa beneficiaria de las subvenciones, sin embargo, presentó concurso de acreedores meses después de recibir el dinero y despidió a sus trabajadores, lo que hizo que, según reconoce la Junta ahora, la empresa no cumpliera «el requisito de la permanencia de los puestos de trabajo durante dos años», como ya señaló este medio.
Desde la administración se excusan en que «en estos meses, transcurridos esos dos años de requisito de permanencia, es cuando los técnicos de Empleo están revisando los expedientes y están comprobando si las empresas han cumplido o no con este requisito».
Surave es propietaria de la investigada Monteporrino
Surave Spain compró Monteporrino, ubicada en el municipio pacense de Salvaleón, en la comarca Sierra Suroeste, hace dos años, tal como declararon portavoces de la empresa a los medios locales.
Fuentes de la investigación sospechan que con esta adquisición empresarial se pretendió enmarañar sus actividades para dificultar el seguimiento de su rastro. Pese a todo, fue detectada mediante una operación del Seprona, que contó con la alerta de técnicos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES).
La operación, bautizada como Sanedrac, se llevó a cabo tras las indagaciones de supuestas anomalías en el marco de una investigación de un entramado empresarial dedicado a la comercialización ilegal de cárnicos.
Un total de 24.843 jamones y paletas fueron confiscados (suman 150.000 kilos) por la Guardia Civil, que cree que la trama empresarial habría vendido cárnicos ibéricos fraudulentos en las provincias de Badajoz, Barcelona, Madrid, Cáceres, Huelva, Salamanca, Granada, Murcia y Zaragoza, según una nota de prensa del instituto armado.
La investigación, que tiene bajo el foco a otra decena de empresas y está judicializada, trata de esclarecer la responsabilidad de la partida incautada que presentaba problemas de trazabilidad, al tratarse de productos cárnicos, supuestamente ibéricos, sin origen legal acreditado y sin los sellos sanitarios que obliga la normativa de calidad de estos productos.
