La Junta de Extremadura dio ayudas a una empresa de la trama del jamón

La trama empresarial que almacenaba miles de jamones sin sellos sanitarios y que la justicia investiga con la ayuda de la Guardia Civil amenaza con salpicar directamente a la Junta de Extremadura, dirigida por Guillermo Fernández Vara (PSOE), puesto que su administración concedió numerosas y elevadas subvenciones a una de las compañías que se halla en el centro de las sospechas.

La empresa alimentaria Surave Spain —propietaria de la sociedad Monteporrino SCL, en cuyas instalaciones se han incautado unos 25.000 jamones sin los sellos sanitarios pertinentes— recibió más de 100.000 euros en subvenciones para fomentar el empleo poco antes de quebrar. 

Así lo prueba la documentación publicada en el diario oficial de la Junta de Extremadura el pasado mes de julio, en el que se dio publicidad a las ayudas otorgadas durante 2018 para el fomento de la contratación indefinida.

Esta documentación revela que Surave Spain SL fue beneficiaria de un total de 108.000 euros, sumando las diferentes ayudas recibidas. Se trata de un total de 20 subvenciones, cuyas dotaciones oscilan entre los 4.000 y 8.000 euros. 

Para recibir estas ayudas dirigidas al fomento de la contratación indefinida, la empresa adquirió el compromiso ante la Junta de Extremadura de «mantener la contratación indefinida objeto de subvención durante un periodo mínimo de veinticuatro meses». Pero Surave Spain presentó concurso de acreedores solo unos meses después. De hecho, la publicación del Diario Oficial de Extremadura (DOE), en la que se daba publicidad a este programa de ayudas públicas, vio la luz cuando Surave Spain había tramitado ya su cierre.

La empresa, de acuerdo a los cambios efectuados y recogidos en el Registro Mercantil en España, estaba domiciliada hasta 2018 en Alcobendas (Madrid), pero cambió su domicilio fiscal ese mismo año, lo que fue decisivo para recibir las subvenciones.

Las bases del decreto que se desarrolló para conceder estas subvenciones (87/2016) obligaba a las empresas a «estar radicadas en Extremadura, entendiendo por tal tener domicilio, sede social o, al menos, algún centro de trabajo, en la Comunidad Autónoma». 

Surave, dueña de la investigada Monteporrino

Surave Spain compró Monteporrino, ubicada en el municipio pacense de Salvaleón (comarca Sierra Suroeste), hace dos años, tal como declararon portavoces a la empresa a los medios locales. Fuentes de la investigación sospechan que con esta adquisición empresarial se pretendió enmarañar sus actividades para dificultar el seguimiento de su rastro. Pese a todo, fue detectada mediante una operación del Seprona, que contó con la alerta de técnicos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES).

La operación, bautizada como Sanedrac, se llevó a cabo tras las indagaciones de supuestas anomalías como parte de una investigación de un entramado empresarial dedicado a la comercialización ilegal de cárnicos.

Un total de 24.843 jamones y paletas fueron confiscados (suman 150.000 kilos) por la Guardia Civil, que cree que la trama empresarial habría vendido cárnicos ibéricos fraudulentos en las provincias de Badajoz, Barcelona, Madrid, Cáceres, Huelva, Salamanca, Granada, Murcia y Zaragoza, según una nota de prensa del instituto armado.

La investigación, que tiene bajo el foco a otra decena de empresas y está judicializada, trata de esclarecer la responsabilidad de la partida incautada que presentaba problemas de trazabilidad, al tratarse de productos cárnicos, supuestamente ibéricos, sin origen legal acreditado y sin los sellos sanitarios que obliga la normativa de calidad de estos productos, infringida por muchas empresas en España.

Los dueños de Monteporrino, desaparecidos

Monteporrino fue comprada en 2018 y, poco tiempo después, cesó su actividad, al igual que su propietaria. En febrero del pasado año, su dueña, la alimentaria Surave —dedicada a la cría, procesado y distribución de pollos— presentaba concurso de acreedores y hace solo unos meses, en diciembre, la juez Teresa Vázquez Pizarro abría la fase de liquidación de la compañía, según la documentación judicial consultada por Economía Digital.

Este medio también ha podido saber que Monteporrino echó a sus trabajadores, dejándoles a deber algunas mensualidades. Algunos de los empleados afectados han interpuesto denuncias contra la empresa, cuyos responsables no se han personado en el juzgado.

El administrador único de Surave Spain y portavoz en el momento de la compra era Olíver Hernández, quien actualmente ejerce de administrador de un ramillete de empresas no solo destinadas a la industria cárnica, sino también a negocios como el inmobiliario. De hecho, otra compañía de la que este empresario es socio es Laffite Consulting, sociedad que remite en sus cuentas a Surave pese a que su negocio esté dirigido a la consultoría.

Surave Spain, según su página web, está ubicada en la calle Don Benito, en Lobón (Badajoz), en las mismas instalaciones que la sala de despiece de aves que Industrias Avícolas Paiksa SL, ahora extinguida.

Este medio ha intentado ponerse en contacto con Hernández y distintos responsables de Surave, a través de llamadas y correos electrónicos, pero ha sido imposible contactar con la empresa al cierre de esta información.