La Generalitat quiere que Nissan pague el ERTE del coronavirus

Tanto Generalitat como Gobierno ya avisaron de que no pondrían facilidades para el cierre de la fábrica de Nissan en Barcelona. La compañía comenzará esta misma semana las negociaciones para el despido de la plantilla, pero en paralelo deberá sentarse con unas administraciones que pretenden cobrarle facturas atrasadas: la primera, el ERTE por causa de fuerza mayor que la compañía presentó por el impactó del coronavirus y que ahora el Govern quiere hacerle pagar.

El conseller de Trabajo de la Generalitat, Chakir El Homrani, lanzó el aviso a la empresa japonesa este lunes en la comisión organizada en el Parlament de Catalunya para analizar el impacto del cierre. “La empresa sabe lo que significa hacer un ERE como el que plantea después de un ERTE”, señaló.

El govern pretende que la organización sufrague los costes de los despidos temporales. Y es que según publicó el Ministerio de Trabajo a mediados de abril, el pago de los ERTEs por causa de fuerza mayor va vinculado a que las empresas mantengan el empleo durante los seis meses posteriores a su finalización.

De hecho, el propio El Homrani recordó que su departamento ya tuvo que intervenir en mayo, cuando, una vez finalizado el primer ajuste, la compañía trató de impulsar un segundo plan por pausas de fuerza mayor al toparse con la huelga de los trabajadores por la falta futuro de la planta de la Zona Franca (Barcelona) y sus dos satélites en Montcada y Sant Andreu (Barcelona).

«No se puede permitir que la Generalitat pague las nóminas del ERTE», avisa el govern

«Trataron de hacer trampas en el solitario», dijo, sobre el segundo ERTE. Y añadió: «No se puede permitir que la Generalitat pague la nómina y la Seguridad Social». Así, el programa de despidos fue abordado por Inspección Laboral e incluso se presentó un demanda en los juzgados. «La legislación laboral es también política industrial», remató el conseller.

La Generalitat trata así de responder a los reproches del comité de empresa de Nissan que, en su comparecencia en la comisión, lamentaron lo fácil que es cerrar una fábrica en España. «Esto no hubiera pasado en otro país», comparó Juan Carlos Vicente, del sindicato CCOO. «Nissan se va de Barcelona porque es fácil irse ahora», añadió Miguel Ruiz, de Sigen-USOC.

Los dardos de la plantilla se centran en el artículo 51 de la Reforma Laboral, que exime a las empresas de una aprobación gubernamental para aplicar un expediente de regulación de empleo. «Os pedimos que os pongáis las pilas con nosotros, que deroguéis la reforma laboral y que consigamos entre todos que Nissan tenga otros cuarenta años de vida», requirió Vicente.

Nissan ni está ni se le espera

Pero más allá de la comparecencia del comité de empresa y de los consellers El Homrani y Àngels Chacón, de Empresa, en la agenda del día también estaba la comparecencia de Frank Torres, el hombre encargado de pilotar el cierre de la fábrica; Gianluca De Ficchy, presidente de Nissan Europa; Juan Luis Pla de la Rosa, director de relaciones institucionales de Nissan Motor Ibérica; y Genís Alonso, exdirector general de la planta de la Zona Franca.

A través de una nota firmada por Serafí del Arco, director de relaciones institucionales en Cataluña, los cuatro excusaron su presencia al asegurar que la sesión era incompatible con la apertura del proceso de consultas con los sindicatos por el cierre de la instalación. La compañía señaló que pretendía informar en primer término al comité de empresa y «no descartó» comparecer en un futuro en el Parlament de Catalunya.

Como respuesta, los representantes de la CUP pidieron un informe jurídico a los letrados de la cámara para valorar si existe o no obligatoriedad a la hora de asistir a la comisión. Además, advirtió que si las justificaciones de la compañía no son suficientes se curse una querella por la incomparecencia.