La falta de gobierno deja 110M de Sol Daurella (Coca-Cola) en el limbo
El Ministerio de Hacienda y el País Vasco se pasan la pelota sobre quién debe devolver el IVA de entre 2013 y 2016 a la sociedad española de Coca-Cola
Sol Daurella ya no sabe a quién reclamar. El fisco arrastra desde hace dos años una deuda con la presidenta de Coca-Cola European Partners por el reembolso del IVA de los ejercicios entre 2013 y 2016. El pasivo alcanza ya los 110 millones, y las autoridades fiscales admiten que deben pagarlo. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda español y la Hacienda foral de Vizcaya se pasan la pelota sobre quién debe responder. Un conflicto entre administraciones que la falta de Gobierno dejó en punto muerto.
Ambas instituciones están a la espera de que la Junta Arbitral del País Vasco –el organismo encargado de resolver los conflictos entre el Estado y las diputaciones forales— resuelva el enfrentamiento. Sólo entonces harán frente a sus obligaciones con Olive Partners, la sociedad española propietaria del 39% de la embotelladora europea de Coca-Cola. A su vez, la empresaria Sol Daurella controla el 55% de una firma en la que comparte consejo con Javier Gómez-Trénor, destacado miembro de la burguesía valenciana.
No obstante, el tribunal se encuentra en un letargo desde que, en noviembre de 2018, Isaac Merino Jara, uno de sus tres miembros— fue nombrado magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Además, a comienzos de septiembre de 2019, el presidente de la comisión, Gabriel Casado Ollero, también presentó su renuncia al cargo.
La falta de Gobierno impide renovar las vacantes de la Junta de Arbitraje entre Hacienda y el fisco vasco
Desde entonces, sus cargos se encuentran vacantes, por lo que la Junta Arbitral no tomó ninguna decisión sobre el enfrentamiento. Las ausencias no se reemplazaron debido a que los miembros de la institución deben ser escogidos por la Comisión Mixta del concierto económico vasco, y rubricados tanto por el Ministerio de Hacienda como por la Consejería de Hacienda vasca.
La inestabilidad política en España, con el Gobierno de Pedro Sánchez en funciones desde el pasado mes de abril, impidió que se abordara una sustitución que en otras circunstancias hubiera sido un mero trámite administrativo, aseguran fuentes cercanas al procedimiento.
Consultadas por Economía Digital, fuentes de Coca-Cola European Partners explicaron que ya tienen reconocido el derecho de cobro de la cantidad adeudada y ahora sólo esperan que se determine la autoridad que debe pagarlo. Como argumento, exhiben que desde 2017 el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) ya se liquidó de forma correcta.
Ante los constantes retrasos en el cobro, Olive Partners optó en la formulación de las cuentas de 2018 –las últimas disponibles en el Registro Mercantil– por reclasificar el pasivo de 110 millones de euros a una deuda prevista para percibir más allá de los próximos doce meses.
La historia del conflicto que afecta a Coca-Cola
El origen del impago se remonta a antes de la fusión de las embotelladoras europeas de Coca-Cola, en 2016. Cuando Olive Partners ejercía como embotelladora en España, ya una de sus filiales, Norbega, era la encargada de gestionar un almacén en el País Vasco y realizar operaciones con otras sociedadas nacionales. Era la encargada de abonar el IVA a la Hacienda foral.
Sin embargo, el problema surgía cuando el resto de firmas del grupo realizaban sus gestiones del impuesto con Hacienda, que trataba de desentenderse del pago y señalaba a la institución regional como responsable única de su devolución.