La alerta sanitaria por la carne caducada salta a los supermercados
El gobierno de la Comunidad Valenciana pide no consumir jamones de ocho marcas por riesgo a la salud
La alerta sanitaria por la mayor trama contra la salud pública de los últimos años ha saltado a los supermercados. Los servicios sanitarios de la Comunidad Valenciana han retirado casi 500.000 kilos de alimentos cárnicos en mal estado y han pedido a los consumidores tirar a la basura cualquier producto de las marcas Jamón Bodega Alto de Aitana, Jamón Bodega Sierra Gorda, Aire de Mariola, Serranía de Ameta, El Galán, Jamones Croval, Don Enrique y Oro la Ermita.
Los inspectores sanitarios han encontrado graves irregularidades en varias naves de almacenaje y secado de jamones en Valencia. Los empresarios de la trama del jamón, destapada en exclusiva por Economía Digital el martes, guardaban productos cárnicos y embutidos en mal estado, con moho, comidos por los ratones y hasta en estado de putrefacción, según han explicado fuentes.
El producto era “adecentado” y “tuneado” para ser vendido como fresco en algunas cadenas de supermercados como Kuups y Family Cash.
El proveedor de Carrefour, investigado
La mayor parte de los productos proceden de la empresa Vitalinna, según los investigadores. Pero no es la única distribuidora implicada. Comapa, uno de los mayores distribuidores de jamones ibéricos en España y proveedor preferente de Carrefour, está implicado en la trama a través de su jamón Oro de la Ermita, según explicaron fuentes cercanas a la investigación.
Comapa ha desmentido tener relación con la trama que está siendo investigada en dos juzgados distintos: en Alcira (Valencia) y en Fregenal de la Sierra (Badajoz).
Con el decomiso de la mercancía, los juzgados, la Guardia Civil y los servicios sanitarios han retirado de la cadena alimentaria casi un millón de kilos de productos no aptos para el consumo.
Extremadura, que también ha ordenado la destrucción de enormes cantidades de productos cárnicos por riesgo sanitario, se resiste a decretar la alerta sanitaria tal como hizo la Comunidad Valenciana, por el perjuicio que puede ocasionar a la industria cárnica de la región.