Extremadura evita la alerta sanitaria para proteger las ventas del jamón
Extremadura se niega a aplicar la alerta sanitaria que sí declaró Valencia por la trama de los jamones caducados para evitar alarma social
La Junta de Extremadura de Guillermo Fernández Vara no piensa aplicar la alerta sanitaria que declaró la Comunidad Valenciana por el descubrimiento de una trama que se lucraba con la venta de jamones en mal estado y carnes caducadas, tal como ha destapado Economía Digital esta semana. La red de empresas obtenía jamón caducados de los supermercados y, en lugar de llevarlo a la incineradora, les colocaban falsas etiquetas de caducidad para venderlos como frescos.
La trama empresarial investigada por los juzgados de Fregenal de la Sierra (Badajoz) y Alcira (Valencia) por un posible delito contra la salud pública ha generado dos actuaciones completamente diferentes.
Tanto en Valencia como en Extremadura se han hallado naves con carnes y embutidos comidos por los ratones, afectados por las larvas y en estado de putrefacción. La trama tiene empresas y nexos comunes, según las investigaciones. Pero las reacciones de las dos administraciones autonómicas han sido completamente distintas.
Dos actuaciones diferentes
La Comunidad Valenciana al mando del socialista Ximo Puig, ha decomisado unos 100.000 kilos de carne en mal estado y almacenada en condiciones no óptimas. La administración ha decretado la alerta sanitaria para informar a los inspectores y a la administración sobre un posible riesgo de salud pública.
En cambio, la consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura, dirigida por José María Vergeles, y conocedora desde hace meses de la misma trama, ha trabajado en silencio y sin difundir ningún tipo de comunicado. El gobierno regional tiene pánico a que esta trama ocasione consecuencias negativas en una de las principales industrias de la región: la del cerdo blanco y del cerdo ibérico.
“Hemos puesto en manos de la fiscalía el asunto como un presunto delito contra la salud pública. No ha sido necesaria una alerta sanitaria”, han explicado de forma escueta desde la consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura, en manos del Partido Socialista, que también controla la Comunidad Valenciana.
La alerta sanitaria obliga a los inspectores a tomar acciones prioritarias con las empresas implicadas en la trama. Esto no ocurrió en el caso de Extremadura. A pesar del criterio enfrentado de algunos técnicos, los mandos políticos extremeños optaron por no emitir la alerta.
Los inspectores veterinarios en Extremadura ordenaron la destrucción de casi 300.000 kilos de carne almacenada en malas condiciones y que no era apta para el consumo humano.
El sumario de los juzgados apunta a que la mercancía terminaba en los menús de los presos en las cárceles de casi toda España, tal como explicó este diario. La investigación ahora tendrá que determinar si hay partidas de productos irregulares que terminaron en supermercado u otro tipo de establecimientos.
