Los fondos aseguran que la justicia británica ha autorizado el embargo a Aena sobre el aeropuerto de Luton

Nuevo revés a España por los impagos de las renovables. La justicia británica ha autorizado, de forma cautelar, el embargo del derecho de usufructo que tiene Aena sobre el aeropuerto londinense de Luton, aseguran fuentes cercanas a los fondos internacionales afectados por los impagos de las primas a las renovables.

Los tribunales británicos han autorizado esta medida compensatoria en relación con el laudo que obliga a España a indemnizar a la compañía estadounidense NextEra con un pago que ronda los 300 millones de euros, apuntan estas mismas fuentes a Economía Digital.

La justicia del Reino Unido ha considerado que el operador aeroportuario está controlado al 51% por una empresa pública española, Enaire, que gestiona el tráfico aéreo y que es accionista mayoritario de Aena. Por ello, se ha autorizado este embargo, que afectará al 26% del derecho de usufructo que Aena tiene sobre la operativa del aeropuerto de Luton. La decisión judicial se dictó en un fallo el pasado 11 de julio.

Aena dice que no ha sido notificada

Ante este nuevo varapalo judicial, Aena ha asegurado que no ha sido notificada de la adopción de estas medidas cautelares. En un comunicado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía afirma que, «tan pronto» como le sea notificada la decisión, llevará a cabo «las comprobaciones pertinentes para determinar el alcance y consecuencias de esas medidas».

Asimismo, subraya que «defenderá los intereses de Aena, sus filiales y sus accionistas del modo que jurídicamente proceda».

Una deuda de cerca de 1.900 millones

España ha acumulado, en los últimos años, una deuda de casi 1.900 millones de euros, derivada de la retirada retroactiva de primas prometidas a 26 empresas del sector de las energías renovables.

La suma de embargos de España empezó cuando el país retiró las primas a estas empresas. La deuda es de 1.560 millones, a la que se le suman 310 millones adicionales en concepto de condenas en costas o intereses de demora.

Las compañías afectadas han llevado el caso a los tribunales de varios países como Reino Unido, Bélgica, Australia y Estados Unidos. Precisamente, este julio la justicia belga embargó más de 80 millones de euros a Enaire por estos impagos de las renovables.

Anteriormente, los tribunales británicos ya han embargado edificios y cuentas bancarias de distintos entes públicos de España. Por ejemplo, se ha confiscado el derecho de cobro de la indemnización del Prestige (900 millones de euros), la sede londinense del Instituto Cervantes, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, una propiedad en la que opera una oficina económica del gobierno autonómico de Cataluña y cuatro cuentas de banco.

Por otro lado, en Australia, la Corte Suprema también ha dado la razón a los acreedores, permitiendo futuros embargos. Y, en Estados Unidos, la justicia está analizando la misma situación y se pronunciará en breve. A todo ello, aseguran las fuentes, hay que sumarle la sombra del default técnico que afecta, al menos, a cuatro títulos de deuda.

Las empresas afectadas piden al gobierno español que ponga fin a esta «embarazosa situación» y reclaman a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, una salida negociada a esta polémica.

Las compañías que están sufriendo estos millonarios impagos recuerdan que Ribera tiene encima de la mesa una propuesta de resolución que, aseguran, permitiría poner fin a los litigios e incluso reinvertir parte de las indemnizaciones en la economía española. Y avisan que, en caso de mantenerse la situación de impago, los embargos seguirán yendo a más.