Bélgica eleva a 80 millones el embargo a Enaire por los impagos de las renovables

La Justicia belga ha elevado a 80 millones de euros la cantidad embargada a Enaire, la empresa pública española que gestiona el tráfico aéreo, por los impagos de las renovables, informan fuentes cercanas a las empresas afectadas. En principio, la cantidad retenida llegaba a los 32 millones.

Este embargo corresponde a una petición presentada por el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments, uno de los acreedores afectados, quien acudió a la Corte de Apelaciones de Bélgica para reclamar su deuda.

Tras dar luz verde a la reclamación, el pasado 10 de julio, Bélgica ordenó el embargo de una cuenta de banco del ente público Enaire, accionista mayoritario de Aena. Dicha entidad recibe mensualmente los pagos que Eurocontrol hace a los distintos países del espacio aéreo europeo para remunerar la gestión y manejo del tráfico aéreo.

Eurocontrol comunicó este martes que la cantidad total embargado asciende a 83,7 millones de euros, de los cuales casi 80 millones corresponden a los pagos pendientes a Enaire por sus servicios durante el mes de junio.

La orden de embargo estará vigente hasta que se resuelva la situación, lo que significa que los pagos de los próximos meses también quedarían bloqueados, a la espera de una solución.

Otros inversores afectados podrían adherirse a estas acciones, aseguran las fuentes consultadas, ya que la Justicia belga posibilita que otros acreedores se sumen a la reclamación y se beneficien de esta medida de protección que busca evitar nuevos impagos.

Situación crítica

La suma de embargos de España se originaron cuando el país retiró las primas a las energías renovables, generando una deuda con las empresas afectadas. En los últimos años, esta deuda ha crecido debido a los intereses y a los costes legales.

La deuda acumulada asciende a casi 1.800 millones de euros, derivada de la retirada retroactiva de primas prometidas a 26 empresas del sector, incluyendo compensaciones, intereses y costes legales.

Las compañías afectadas han llevado el caso a los tribunales de varios países como Reino Unido, Bélgica, Australia y Estados Unidos, como el del fondo estadounidense Blasket Renewable Investments.

Estas compañías han instado al Gobierno español y, en particular, a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a negociar una solución para poner fin a estos litigios y evitar más embargos.

Critican que Ribera ha bloqueado acuerdos, empeorando la situación, y le piden que facilite un acuerdo antes de su posible transición a la Comisión Europea. Las fuentes señalan que las empresas involucradas están dispuestas a reinvertir en España si se restablece la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones en energías renovables.