El juez del caso Popular amenaza a PwC con registrar su sede si no presenta las pólizas
El magistrado ha solicitado tanto a PwC como al Banco Santander la aportación de las pólizas que tuvieran contratadas para asegurar la posible responsabilidad civil en la causa sobre la ampliación de capital del Banco Popular
Sede de PwC.
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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha advertido a la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) de que, si no aporta la póliza de seguro que tuviera contratada con el fin de asegurar la posible responsabilidad civil en la causa sobre la ampliación de capital del Banco Popular en 2016, procederá a la entrada y registro de su sede.
En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 recuerda «que la negativa a cumplir dicho requerimiento en el tiempo y términos dispuestos, al margen de poder ser constitutivo de un delito de desobediencia, conllevará de inmediato» el registro de su sede.
Fue el pasado mes de julio cuando el magistrado solicitó tanto a PwC como al Banco Santander la aportación de las citadas pólizas. Entonces, el juez explicó que se trata de una diligencia meramente preparatoria, cuyo resultado no condiciona en manera alguna la decisión de apertura de juicio oral frente a las eventuales compañías aseguradoras.
De lo que se trata, en concreto, es de dotar a las acusaciones de toda la información necesaria para que puedan ejercitar sus acciones civiles frente a quien o quienes consideren que tienen la obligación legal o convencional de asumir su pago.
El juez Calama recuerda que PwC «había de presentar las pólizas de responsabilidad civil que tengan vigencia durante todo el año 2015 y todo el año 2016». «Es evidente que dicha mercantil no ha atendido el requerimiento efectuado», apunta.
Fue el pasado mes de marzo cuando el magistrado finalizó la instrucción del caso y propuso juzgar al expresidente de la entidad Ángel Ron, a otros doce exdirectivos y a la propia PwC por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016.
El juez sostiene que los inversores acudieron «engañados» a la misma puesto que los estados financieros de ese año y de 2015, según el instructor, «no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio».
