Indra lleva gastados más de 40 millones en finiquitar a presidentes y CEOs desde que la Sepi tomó el control

Indra lleva gastados más de 40 millones de euros solo en los finiquitos pagados a sus presidentes y consejeros delegados en la última década, desde Javier Monzón hasta Ignacio Mataix.

La presencia de la Sepi como accionista mayoritario y determinante en el grupo (con cerca del 28% del capital en la actualidad) ha provocado que, dependiendo de qué formación política esté en el Gobierno, se designe a uno u otro consejero delegado, a uno u otro presidente, provocando salidas imprevistas que hacen necesario el pago de indemnizaciones y pactos de no concurrencia millonarios.

El organismo público tomó el control de Indra a finales de 2013, cuando Bankia vendió su participación del 20% en la multinacional a la Sepi, por 337 millones de euros.

El grupo presidido por Marc Murtra, que ayer miércoles presentó sus resultados anuales, informó de un pago de 15,5 millones de euros a Ignacio Mataix, consejero delegado de Indra hasta el pasado mes de mayo, cuando fue sustituido por José Vicente de los Mozos.

Se trata posiblemente de la mayor retribución pagada por Indra a un ejecutivo en un año, superior a la recibida este año por el ejercicio 2023 por la presidenta de Santander, Ana Botín (12,2 millones) o por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán (13,8 millones).

La compañía justifica la retribución de Mataix en el ejercicio 2023 al haberse consolidado «remuneraciones variables anuales de ejercicios anteriores, que se encontraban diferidas (…)». En total, el exconsejero delegado de Indra recibió como retribución el pasado año, por la consecución de determinados objetivos, 654.001 acciones, que tienen hoy un valor de 11,1 millones de euros.

Además, Mataix ha percibido una indemnización de 2,64 millones y otro pago por pacto de no concurrencia por importe de 1,98 millones, además de 21.000 euros por vacaciones devengadas y no disfrutadas.

En 2022 abandonó el grupo Cristina Ruiz, tras once años ocupando puestos de responsabilidad, aludiendo a motivos personales. La ejecutiva llevaba solo un año compartiendo con Mataix el puesto de consejero delegado, situada al frente de Minsait, la división tecnológica de Indra.

Ruiz recibió cuatro millones de euros, de los que 1,8 millones fueron en concepto de indemnización.

En 2021 la Sepi forzó la salida como presidente de Indra de Fernando Abril-Martorell, quien percibió cerca de seis millones de euros, entre retribuciones, indemnizaciones y pactos de no competencia.

La decisión del Gobierno de fulminar en su puesto a Abril-Martorell, a pesar de los buenos resultados que el grupo estaba consiguiendo bajo su gestión, fue tan precipitada que Indra tuvo que pagar al ejecutivo otros 750.000 euros por no haberle avisado con tres meses de antelación.

Abril-Martorell fue sustituido por Marc Murtra, quien trabajó en el Ministerio de Industria con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y coincidió con el exministro Miguel Sebastián, consejero de Indra en representación de la Sepi.

En 2015, Indra abonó cerca de 15 millones a Javier Monzón por su salida como presidente, tras más de dos décadas al frente de la multinacional, en concepto también de indemnización, bonus y pago por no competencia. Monzón contaba con un sistema de ahorro a largo plazo de 12 millones.

El baile de presidentes y consejeros delegados al son del Gobierno en Indra también ha afectado a otras indemnizaciones pagadas a altos directivos.

En 2023, tres directivos percibieron cerca de un millón de euros en total por la resolución de su relación laboral y en concepto de pacto de no concurrencia.

En 2022, la salida del director general del grupo, Javier Lázaro, cercano a Abril-Martorell, le costó a Indra cerca de 0,8 millones. Y en 2021, según reveló el grupo en la documentación aportada para la celebración de su Junta de Accionistas de 2022, otro directivo recibió 2,3 millones, también como motivo de la resolución de su contrato.

Nuevo sistema

Indra está diseñando un nuevo sistema de retribuciones que será sometido a la próxima Junta de Accionistas del grupo, en relación con el Incentivo a Medio Plazo (IMP).

Este incentivo está ligado al nuevo Plan Estratégico, que será presentado el próximo día 6 de marzo. El IMP representa un 40% de la retribución total anualizada para un cumplimiento de objetivos del 100%.

En 2023, el IMP pagado por Indra se disparó hasta los 18,8 millones de euros (13,6 millones en 2022). El importe para atender los pagos en acciones el pasado año fue de 17,7 millones, frente a los 11,8 millones pagados en 2022.

El incentivo que se está diseñando para su implantación este año, explica Indra, «se articula como un performance share plan, con una concesión inicial de acciones, de las que tras su vencimiento en 2026 se podrá podrá entregar un porcentaje que oscilará entre el 0% y el porcentaje máximo que se establezca».

El grupo ha contratado a la consultora Willis Towers Watson para el asesoramiento en el diseño de dicho incentivo y al proxy solicitor Georgeson «para asegurar el alineamiento del nuevo IMP con las recomendaciones de inversores institucionales y proxy advisors«.

Indra añade en su último informe de Gobierno Corporativo que, en dicho diseño, «se están analizando en detalle los resultados de la aplicación del incentivo anterior para incorporar los ajustes y correcciones que se consideren necesarios en el nuevo incentivo al consejero ejecutivo».