Los ‘impuestos verdes’ de Galicia, Castilla y León, Cantabria, Cataluña y Castilla-La Mancha ya recaudan más de 400 millones
El ‘impuestazo’ a las grandes energéticas ha tenido mucha notoriedad, pero en España ya se pagan grandes cifras por cuestiones ‘verdes’
Un parque eólico. Foto Freepik
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Aragón se ha puesto en el centro del debate fiscal en los últimos días. La comunidad autónoma, gobernada en estos momentos por el Partido Popular y Vox, va a imponer un nuevo impuesto a las energías renovables. Se suma a una peligrosa tendencia que muchos estiman que puede ir a más.
Poner impuestos a las energías renovables, o incluir ‘tasas verdes’ a otras fuentes de generación, se ha convertido en algo habitual y transversal. Las cargas fiscales contra la energía no entienden de colores políticos.
En Aragón esperan recaudar cerca de 30 M€ con este nuevo impuesto a la eólica y a fotovoltaica. Esta cifra engordaría la recaudación que ya se lleva a cabo en diversas comunidades autónomas.
En Galicia, donde gobierna el PP, y se espera que siga siendo así tras las próximas elecciones, fue el pionero en el establecimiento de este tipo de tasas, creando el primer canon eólico de España en diciembre de 2009 bajo gobierno de Alberto Núñez Feijóo.
Esta región cuenta con cinco impuestos que gravan la producción energética, con la Xunta de creando recientemente un sexto impuesto para la eólica marina a modo de réplica del canon eólico previamente existente (cables de evacuación en tierra). Estas tasas dejan unos 100 M€.
Otra comunidad que es potencia renovable, Castilla y León (PP y Vox), tiene un impuesto sobre la afección medioambiental causada por aprovechamientos del agua embalsamada, así como por los parques eólicos, centrales nucleares e instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. En 2022 recaudó 55 M€.
La última en incorporarse a esta tendencia fue Cantabria, en manos del PP, que ha introducido el canon por la implantación en el suelo rústico de la Comunidad Autónoma de Cantabria de parques eólicos y fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía generada a la red.
La base imponible de este canon consiste en el valor económico de la energía eléctrica generada y entregada a la red por el titular de la autorización administrativa de explotación en cada período impositivo anual. Todavía no hay cifras concretas sobre su recaudación.
En Castilla-La Mancha, con el polémico Emiliano García-Page a la cabeza, recaudó 13 M€ con un impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, así como un canon eólico.
Cataluña un paso más allá
Cataluña, a través de la Agencia Tributaria Catalana, cuentan desde 2020 con un impuesto propio sobre ‘instalaciones que inciden en el medio ambiente’ (producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica, transporte de energía eléctrica).
La Generalitat ha incrementado el ritmo impositivo con la excusa de acelerar la transición energética. En los dos últimos años ha implementado dos impuestos, uno por emisiones de CO2 donde ha recaudado 30 millones; y otro de generación eléctrica por el que ha cobrado 204 M€, pero la única realidad es la de una región que se ha situado en la cola de implantación renovable, muy lejos de Castilla y León o Castila-La Mancha, por ejemplo; y que esgrime la recaudación impositiva como palanca de crecimiento.
