Iberdrola, Repsol, Endesa y Naturgy podrán deducirse hasta un 60% del nuevo impuesto

El nuevo gravamen temporal al sector energético para 2025 contempla deducciones de hasta el 60% para las compañías con inversiones estratégicas en el país, que van desde la producción de hidrógeno verde a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás.

Es la principal novedad en la prórroga de este tributo a los principales operadores del sector energético (Iberdrola, Repsol, Naturgy, Endesa, Moeve, BP, EDP), según anunció el lunes el Gobierno y recoge el real decreto ley publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor este miércoles.

El texto define inversiones estratégicas aquellas que «sean esenciales para la transición ecológica y descarbonización y que por su magnitud contribuyan al crecimiento económico y el empleo, realizadas en activos fijos y tecnologías que se comprometan en proyectos industriales para la producción de hidrógeno renovable, la transformación de residuos en productos secundarios o en componentes de combustibles y gases renovables como el biogás o el biometano».

También contempla inversiones en «el almacenamiento energético, y sus posibles infraestructuras de red asociadas, las inversiones asociadas a la cadena de valor nacional y europea, para contribuir a la autonomía estratégica, así como los proyectos de eficiencia energética que permitan la consecución de objetivos tales como los incluidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, así como en el Plan RepowerEU».

Bonificaciones de hasta el 60% cuando existan inversiones estratégicas

Aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado esta medida, deberá convalidarse en enero en el Congreso, para lo que necesitará los votos a favor de PNV, Junts y Podemos, que se han mostrado contrarios a votar favorablemente.

Es por ello que el Gobierno ha incluido deducciones para las empresas y el compromiso de convertir el gravamen en impuesto, con el objetivo de ganar el apoyo de las formaciones catalana y vasca.

Dicho gravamen seguirá gravando el 1,2% de la facturación de las compañías que tengan ingresos superiores a los 1.000 millones de euros, sin incluir negocios regulados o fuera del país. Pero, a la hora de pagar, tendrán bonificaciones por realizar las inversiones mencionadas.

De este modo, el real decreto expone que el pago se minorará «en el importe de la dotación de una reserva indisponible para la realización de inversiones estratégicas», sin que la reserva indisponible dotada pueda generar más de una deducción en el gravamen temporal energético.

Con estos mimbres, si el importe de la inversión es igual o inferior al impuesto a satisfacer, las empresas energéticas podrán deducirse el 10% de lo que inviertan, pero si inviertan más de la cuantía del gravamen que les tocaría pagar, la deducción puede alcanzar el 30%.

El texto recoge que habrá un límite para la deducción, que será variable, pues dependerá de la proporción entre lo que se invierta y el importe del gravamen. Cuanto más se invierta, mayor será la deducción, si bien como máximo la bonificación final podrá llegar hasta el 60% de la cuantía del gravamen.

Aagesen decidirá si se pueden aplicar las deducciones

Además, la bonificación del gravamen energético será compatible con las deducciones que pudieran resultar de aplicación en el Impuesto sobre Sociedades.

No obstante, las empresas deberán tener un plan de inversiones estratégicas para la transición ecológica y, para aplicarse la bonificación fiscal, tendrán que solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe motivado sobre si las inversiones recogidas en el plan cumplen la consideración de inversiones estratégicas.

Será entonces cuando la cartera que lidera Sara Aagesen deberá notificar, en el plazo de tres meses desde la recepción de la solicitud, el correspondiente informe motivado.

El documento tendrá carácter vinculante para la Administración Tributaria y, una vez pasado el plazo de tres meses sin que se haya producido notificación alguna, se entenderá que el silencio es negativo.

En cuanto a las inversiones que se podrán deducir, las empresas deberán realizarlas en el plazo de dos años desde «la dotación contable de la reserva indisponible», que deberá figurar en los balances de las energéticas, y se tendrán en cuenta en el momento en que los activos entren en funcionamiento.

Asimismo, el Gobierno cuantifica las inversiones a partir del «precio de adquisición o coste de producción de los elementos patrimoniales en que se materialice la reserva», excluyendo los intereses e impuestos indirectos, «sin que pueda resultar superior a su valor de mercado».

El Gobierno quiere hacerlo permanente

Por otro lado, el Gobierno se ha comprometido a «revisar» en el ejercicio fiscal 2025 la configuración de este gravamen temporal para convertirlo en un impuesto permanente que «se concertará o conveniará» con País Vasco y Navarra.

De este modo, el Ejecutivo realizará un estudio de los resultados del gravamen en el último trimestre de 2025 para evaluar su mantenimiento con carácter permanente.

Tendrá en cuenta la situación de los sectores afectados, la evolución de los precios de los productos energéticos y el efecto acumulativo del gravamen junto con el Impuesto sobre Sociedades.