Iberdrola paga 460 millones en impuestos de energía nuclear con el futuro de las centrales en el aire

El debate sobre el futuro de la energía nuclear en España sigue abierto, aunque su importante carga fiscal supone un gran problema para las empresas

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Iberdrola es una de las propietarias de las centrales nucleares españolas junto a Endesa, Naturgy y EDP. Este negocio representa una importante carga fiscal para la energética que alcanza los 466 M€ en diferentes tributos. Un elevado porcentaje con respecto al total de la compañía. 

Según consta en los resultados financieros de Iberdrola presentados al mercado la semana pasada, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán pagó 1.703 M€ en tributos durante el ejercicio 2023. La energética explica que se trata de un ascenso del 99%, y que esta cifra —para España— representa el 86% del aumento total del grupo.

Los tributos en materia nuclear suponen más del doble de lo que paga Iberdrola por el gravamen sobre ventas, el denominado ‘impuestazo’, que en 2023 ascendió a 213 M€. 

La Tasa Nuclear Enresa le cuesta a Iberdrola 203 M€; mientras que las Ecotasas, que también impacta en el negocio nuclear por la generación de energía, son de 143 M€ (aunque esta cantidad no es íntegra de ese negocio); y la fiscalidad por el combustible nuclear asciende a 120 M€. 

Estos números ponen de manifiesto el malestar dentro del sector energético con respecto a la energía nuclear y su actividad comercial. Desde hace tiempo sostiene que se trata de un negocio poco rentable, precisamente por la alta fiscalidad. 

Se trata de un elemento disuasorio del Gobierno para generar la sensación de incertidumbre en las empresas propietarias a la hora de pelear alargar la vida útil de las centrales. Si el sistema eléctrico, diseñado por el Ejecutivo, y puesto en marcha por Red Eléctrica, sostiene que se puede llevar a cabo el cierre de las centrales sin ningún problema, las dudas emergen sobre Iberdrola, Endesa, Naturgy y Edp. 

Polémica nuclear 

Esta tensión sobre el futuro de la energía nuclear ha ido más allá de las propias empresas. Hace semanas algunos pesos pesados del socialismo se posicionaron a favor en un claro pulso a la actual ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. 

El primero en abrir la lata fue el exlíder del PSOE, Felipe González, que se desmarcó defendiendo la energía nuclear e, incluso, arremetió contra las renovables. 

El expresidente aseguró que «cuando se mide la contaminación en términos de CO2, resulta que la menos contaminante es la nuclear». El expresidente se lamentaba de que haya «una corriente de opinión enorme» en contra de esta fuente de energía porque, según defiende, «no sabemos qué hacer con los residuos nucleares».  

Precisamente han sido los residuos los que han abierto de nuevo la caja de pandora nuclear. Con la arenga hace unos días por parte del Foro Nuclear, la gran patronal del sector, se ha vuelto a poner el foco sobre la necesidad de ampliar la vida útil de las centrales. Al menos sentarse a negociar su futuro. 

Para mantener el debate abierto, el último en sumarse a esta tendencia fue el exministro Jordi Sevilla que, además, se trata de una voz autorizada en materia energética en su papel de expresidente de Red Eléctrica, el gestor del sistema eléctrico. 

El exministro cogió tribuna libre en el diario Cinco Días, y lanzó una serie de alegatos muy contundentes. Sobre todo, la conclusión de la columna era muy contundente.

«No prejuzgo las conclusiones de la subcomisión. Pero creo que una decisión tan transcendente para el futuro del país debe adoptarse hoy de manera suficientemente informada y pactada, dejando los prejuicios y las viejas consignas militantes al margen. Porque, en estos asuntos, los errores de unos pocos, cuestan mucho, a mucha gente y al país». 

Con todos estos componentes, impuestos incluidos, Iberdrola deberá tomar la decisión, junto a los demás propietarios, sobre lo que se quiere hacer con las centrales nucleares.

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Raúl Masa

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