Iberdrola, Endesa y Naturgy vuelcan ahora sus esfuerzos en rebajar los impuestos de la energía nuclear

Iberdrola, Endesa y Naturgy, los principales propietarios de las centrales nucleares españolas, han cambiado su ‘pelea nuclear’ desde la revisión del calendario de cierre a la presión fiscal que sostienen. El objetivo es rebajar la factura que queda por pagar durante más de una década.

Según explican a ECONOMÍA DIGITAL fuentes conocedoras de la situación, los tres grandes propietarios siguen sin mover ficha con respecto al calendario de cierre que hay pactado entre el Gobierno y las empresas. En 2027 empieza el cierre de Almaraz, y concluye en 2035.

Las posturas de ambas partes son públicas y conocidas. El ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, asume que no existe la necesidad de alargar la vida útil. Los propietarios cada vez son más tibios.

Naturgy aseguró hace unos días que no existe la necesidad de aumentar la vida de la energía nuclear. Endesa, por medio de su CEO, José Bogas, elevó el debate a conceptos intelectuales, pero su mensaje ha perdido contundencia. Iberdrola siempre ha dicho que todo tiene sentido si existe rentabilidad.

Hacia ese punto se ha desplazado el debate. En España se producirá electricidad con energía nuclear hasta 2035. Fecha hasta la que se deberán pagar impuestos. Unos costes que el Gobierno quiere aumentar.

El foco puesto en la fiscalidad

Hace unos días el Foro Nuclear, organización que representa los intereses de Iberdrola, Endesa y Naturgy, presentó alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se pretende modificar la tarifa fija unitaria mediante la que se financia el servicio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para la gestión de los residuos, desmantelamiento y clausura de las centrales nucleares españolas.

En dicho proyecto, que todavía no ha entrado en vigor, se pretende incluir una fuerte subida de lo que se paga. Desde entonces se han activado los resortes para reducir el impacto.

Junto a estas acciones iniciadas por Foro Nuclear, la consultora PwC ha publicado recientemente un informe sobre el futuro de la energía nuclear donde el foco de atención está en la fiscalidad.

Sin dejar de lado la cuestión energética, y la necesidad para el sistema, el informe quiere responde a una cuestión “¿Existe entonces una solución alternativa a la subida del 40% la Tasa Enresa?”

Argumentos para la rebaja fiscal

El documento explica que la Ley 15/2012 fue creada, entre otras cosas, para cubrir posibles incrementos no previstos en los costes del Plan General de Residos (PGRR). En este sentido, una solución posible pasa por no aumentar la carga fiscal de esta tecnología, de forma que Enresa pueda cubrir los desvíos planificados en el 7º PGRR con la recaudación por la Ley 15/2012.

Mediante esta Ley, las centrales pagan una tasa por la producción de combustible nuclear y residuos radiactivos que supone unos 5 €/MWh y por la que hasta 2023 se ha recaudado en ese concepto más de 3.000 millones de euros, cantidad que hubiese sido suficiente para cubrir el extracoste de 2.000 millones de euros planificado en el 7º PGRR si dicha recaudación se hubiese guardado en un fondo para desviaciones de Enresa.

Si se destina a Enresa una parte de la recaudación futura del impuesto de la Ley 15/2012, no sería necesario incrementar la tasa a las centrales tal y como se propone con la propuesta de RD. Del mismo modo si la recaudación sobrante del impuesto de esta misma ley se guardase en un fondo, se cubrirían posibles desajustes que Enresa pueda tener en el futuro.

Adicionalmente, sería conveniente revisar la idoneidad de establecer impuestos a Enresa (tal y como establece la misma Ley 15/2012) y que esta traslada posteriormente a las centrales nucleares. Es práctica común en España que las estructuras de titularidad del Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales, así como los organismos autónomos y otros entes del sector público estén exentas de impuestos.

Simplemente el hecho de eximir también a Enresa del impuesto del almacenamiento centralizado de residuos radiactivos y combustible gastado establecido en la Ley 15/2012, reduciría los costes del 7º PGRR en 1.277 millones de euros (lo que equivaldría a reducir la tasa en aproximadamente 2€/MWh).