Iberdrola, Endesa y Naturgy piden regular el fraude eléctrico de manera «urgente»

Las grandes eléctricas del país han pedido actuar urgentemente contra el fraude eléctrico. Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP han demandado al regulador y al Gobierno que se tomen medidas para tratar esta situación que genera un agujero de millones de euros en la factura de la luz.

Así se extrae del informe de conclusiones de las reuniones del grupo de trabajo sobre la circular que regula el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad para el periodo 2026-2031.

Según el documento publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las grandes distribuidoras de electricidad han señalado de manera conjunta la necesidad de regular el fraude con carácter «urgente» y «de forma coordinada» entre la propia CNMC y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Si bien hay dificultad para cuantificar las cifras económicas que suponen estas actividades ilícitas, desde el sector cifraron este año en 2.000 millones de euros anuales el agujero para el conjunto de los consumidores españoles o, lo que es lo mismo, unos 69 euros anuales por cada suministro.

Iberdrola pide diferenciar entre fraude con contrato y sin él

Más allá del consenso en la urgencia de una regulación, desde la distribuidora eléctrica de Iberdrola, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, han demandado además la necesidad de distinguir entre el fraude que se produce en los consumidores con contrato de aquel que se produce en los consumidores sin contrato.

En el primer caso, el defraudador cuenta con un acuerdo de suministro y la distribuidora emite una factura de tarifa de acceso a la comercializadora con los peajes y cargos aplicables.

La energía que consume el cliente se declara al operador del sistema para su imputación a la comercializadora, que es la encargada de facturar la energía al cliente final. Esto posibilita la consideración de la energía mencionada a efectos de fijación del incentivo de pérdidas.

En el otro caso, se trata de un enganche directo donde no existe cliente al no haber relación comercial ni haber una comercializadora por medio a la que imputar los cargos y peajes.

Así, la energía consumida no se declara al operador y la distribuidora, como puede ser Iberdrola, Endesa o Naturgy, es penalizada por el incentivo de pérdidas por la energía defraudada.

En cualquier caso, los afectados son los consumidores que no comenten fraude. Como la energía no consta al sistema eléctrico, no está aportando al sostenimiento económico de las redes, encareciendo así el importe de la factura en concepto de cargos y peajes que pagamos todos.

Cambio en la regulación de la inversión en redes

La demanda de las grandes eléctricas que controlan la mayor parte de la cuota del mercado de la distribución llega en un momento en el que se debate sobre la regulación actual sobre inversión en redes.

Según la última actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el Gobierno cree que gracias a la electrificación de la economía (35% en 2030), la demanda energética crecerá un 34% a finales de la década, respecto a 2019.

Un incremento impulsado por las nuevas demandas como las industriales o la producción de hidrógeno renovable. Sin embargo, desde el sector vienen advirtiendo que el sistema no está acogiendo el aluvión de demandas que llegan desde la industria para conectarse a la red.

Por ello, piden cambiar la ley de 2013, cuando el principal criterio era de contención del déficit de energía, así como favorecer una mayor inversión en redes que pueda dar acceso a una demanda que, dicen, se ha multiplicado considerablemente en los últimos años.

No obstante, desde el Gobierno son cautos y creen que un mayor aumento de la inversión en redes podría contribuir al encarecimiento de la factura eléctrica a través de los peajes.