Hacienda retrasa al 1 de enero de 2026 la obligación de la factura electrónica para empresas

El Ministerio de Hacienda ha retrasado al 1 de enero de 2026 la entrada en vigor de la obligación de la facturación electrónica, con la aprobación de un Real Decreto que busca dar mayor margen de adaptación a los sistemas informáticos de empresarios y profesionales autónomos, que tenían que hacer frente a este compromiso desde el 1 de julio de este año.

Según la referencia del Consejo de Ministros, en la reunión del gabinete de este martes se ha aprobado el reglamento que modifica estos plazos para la entrada en vigor de los nuevos sistemas de facturación que pretenden evitar el fraude fiscal.

Así, los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades no tendrán que empezar a utilizar los servicios de facturación electrónica el mismo 1 de julio, sino que tendrán seis meses más de margen para la adaptación de sus sistemas.

El Gobierno también ha ampliado el plazo hasta el 1 de julio de 2026 para esta obligación al resto de contribuyentes que tendrían que incorporar la factura electrónica. En concreto, para los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas, para los declarantes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que obtengan rendimientos mediante establecimiento permanente y para aquellas entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades económicas, sin perjuicio de la atribución de rendimientos que corresponda efectuar a sus miembros.

Los productores y comercializadores de los software de factura electrónica tendrán que ofrecer sus productos adaptados al nuevo sistema desde julio de este año.

Esta medida se engloba en el objetivo del Gobierno de luchar contra el fraude tributario y la economía sumergida derivados del denominado ‘software de doble uso’ y desarrolla parte de lo contemplado en ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Además, el Ejecutivo ha aprobado otros dos Reales Decretos de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El primero, referente al reglamento del Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud.

Este tributo se creó dentro del paquete fiscal que aprobó el Congreso a finales del año pasado y sigue las recomendaciones del conocido como Pilar 2 de la OCDE, que busca crear un impuesto mínimo de sociedades para evitar la elusión de las grandes multinacionales.

El otro Real Decreto adapta el reglamento del IRPF en lo referente a la información que han de suministrar las guarderías, en lo referido a la deducción por maternidad en este impuesto.

Y, además, se refuerza la lucha contra el fraude fiscal, incluyendo a las entidades de pago y de dinero electrónica como obligadas a suministrar información a la Agencia Tributaria sobre todo tipo de cuentas, bancarias y no bancarias. Otra modificación afecta a la obligación de informar sobre pagos a empresarios y profesionales establecidos en España que estén adheridos a sistemas de gestión de cobros mediante tarjetas. En concreto, se modifica para incluir todo tipo de tarjetas y los sistemas de cobro asociados a un número de teléfono móvil.