Hacienda sancionó al despacho de Grifols con 684.000 euros por las remuneraciones a los socios
Osborne Clarke, el despacho que trabaja para Grifols, fue fundado en 2011 por el consejero del grupo farmacéutico Tomás Dagá.
Sede central de Grifols en Sant Cugat del Vallès. Grifols
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Osborne Clarke, el despacho de cabecera del grupo Grifols, fundado por Tomás Dagá, consejero de la farmacéutica desde el año 2000, fue sancionado por Hacienda con 684.000 euros por las remuneraciones entregadas a los socios del bufete.
La Agencia Tributaria liquidó en 2019 importes adeudados tras finalizar las actuaciones de comprobación e inspección iniciadas en 2017, por «diferentes impuestos» correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014.
El bufete explica que las actuaciones fueron consecuencia «de diferencias de criterio en el registro de las remuneraciones percibidas durante estos periodos por los socios de la compañía«.
Hacienda concluyó «que determinadas retribuciones recibidas por los socios constituyen la contraprestación de servicios profesionales, considerándolos un mayor gasto para la sociedad».
De acuerdo a las últimas cuentas disponibles en Registro Mercantil consultadas por este diario, Osborne Clarke repartió entre sus socios 10 millones de euros, en 2021, «en concepto de servicios profesionales prestados a la compañía». En 2020, los socios ganaron 8,8 millones, y en 2019, 4,6 millones.
El despacho de Grifols
Las relaciones entre Osborne Clarke y Grifols son mencionadas por Gotham City en el informe que la firma de análisis publicó el martes de la pasada semana provocando el hundimiento en Bolsa de la farmacéutica catalana.
Como ha publicado este periódico, el bufete, con oficinas en Barcelona, Zaragoza y Madrid, alcanzó en 2021 una cifra de negocio de 43,6 millones de euros (36,7 millones en 2020) y un beneficio de 9,2 millones, un millón más que un año antes.
Tomás Dagá, miembro de la comisión de auditoría de Grifols, vinculado a KPMG -la consultora que ha auditado las cuentas de la multinacional catalana ininterrumpidamente desde hace treinta años- hasta al menos el año 2007, constituyó Osborne Clarke en Barcelona en el año 2011.
Gotham City se refiere a Osborne Clarke como «el despacho de Grifols«. Buena parte de los ingresos del bufete provienen de los servicios prestados a Grifols, pero este no detalla en sus cuentas dicha vinculación, lo que advierte de forma recurrente el auditor de Osborne Clarke, Auren, en sus informes de auditoría.
«La compañía presta una parte relevante de sus servicios a un grupo empresarial, con el cual hasta el ejercicio 2020 era considerada parte vinculada al existir influencia significativa«, destaca Auren en su informe de auditoría de las cuentas de Grifols del año 2021. «Esta situación ha desaparecido durante el ejercicio actual», añade. La farmacéutica justificaba la ocultación de esa información «por razones de confidencialidad».
«La compañía no tiene implantado un sistema de valoración de los trabajos a cierre del ejercicio por lo que, en los estados financieros, no se registra la valoración de aquellos trabajos que serían objeto de facturación durante el ejercicio posterior», señala Auren en su auditoría de Osborne Clarke. «Dada la falta de información (…) no hemos podido verificar el importe por el cual podrían verse afectadas las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2020 y 2021», indica.
El bufete de Tomás Dagá, con una plantilla de cien personas, terminó el ejercicio 2021 con deudas a corto plazo con entidades de crédito por importe de 19,7 millones. Los gastos de explotación se incrementaron desde los 15 millones en 2020 hasta los 20 millones en 2021.
