La falta de acuerdo del Gobierno con sus socios le impide convertir en permanente el impuesto a las energéticas

El Gobierno ha optado por hacer decaer el impuesto extraordinario a las empresas energéticas, que vencía el próximo 31 de diciembre, después de que las negociaciones que estaba manteniendo con sus socios para prorrogar el gravamen hayan fracasado.

Es lo que se extrae del comunicado del PNV de este miércoles, donde detalla los acuerdos alcanzados con el Gobierno sobre el proyecto de ley para fijar un tipo mínimo global del 15% para empresas multinacionales y recoge Europa Press.

Decae así una de las medidas fiscales que ha provocado más polémica en las últimas semanas, especialmente por parte de algunas de las compañías energéticas afectadas como Repsol o Cepsa.

Junts frena la permanencia del impuesto tras las advertencias de Repsol

Desde Junts aseguraron que no apoyarían la permanencia del impuesto al sector energético que el Gobierno implementó a consecuencia de las ganancias extraordinarias de las energéticas por las consecuencias de la guerra de Ucrania.

La formación independentista catalana argumentó que su posición se basaba en la advertencia de Repsol de paralizar inversiones en proyectos de hidrógeno renovable, de las cuáles 1.100 millones de euros tienen previsto ir a Tarragona para la creación de una ecoplanta en el complejo industrial de El Morell y un electrolizador de hidrógeno de 150 megavatios.

Los nacionalistas vascos han informado que el gravamen finalmente decaerá «por factores ajenos» a su formación, ya que el PNV estaba dispuesto a aceptar su continuidad si se transformaba en un impuesto que fuera concertado en Euskadi y Navarra.

En esta línea, el PNV celebra que a través de enmiendas pactadas al proyecto de ley han logrado la concertación con capacidad normativa del nuevo tributo global y el de la banca, que serán así regulados por las haciendas forales.

Los vascos también han acordado medidas normativas para «atajar el fraude del IVA en los hidrocarburos».

Sumar, ERC, Bildu y Podemos en contra de tumbar el gravamen

Por contra, aliados parlamentarios del Gobierno como Bildu, Esquerra Republicana (ERC), Podemos y el socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, se han mostrado en contra de tumbar el gravamen a través del cuál Hacienda ha recaudado cerca de 3.000 millones de euros en 2024.

Las formaciones políticas mencionadas se han mostrado a favor de convertir en permanente el impuesto tal como está concebido ahora, a tenor de los beneficios que empresas energéticas y financieras han registrado en sus últimos ejercicios.

Actualmente, el tributo grava el 1,2% de los ingresos de las compañías energéticas que facturan más de 1.000 millones de euros al año. Repsol ha sido la que más ha aportado en este concepto, con casi 800 millones de euros en dos años.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, aseveró que hacer permanente el impuesto a energéticas «es obligatorio» para reequilibrar la balanza fiscal.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, defendía mantener el tributo a empresas como Repsol que, según dijo, emite el 62% del dióxido de carbono (CO2) del Ibex 35.