La Generalitat ‘echa’ a Social Car y Gowe del negocio VTC

Con el decreto contra las VTC en Cataluña, la situación era confusa. Uber se fue de Barcelona, Cabify resistió y nacieron distintas iniciativas empresariales para demostrar que la ley catalana, que obliga a reservar con 15 minutos de antelación un viaje, no era nociva para el negocio.

Pero no ha sido así: las empresas que anunciaron que ponían en marcha su servicio VTC para competir con la startup española no lo hacen un año y medio después. Una es Social Car, el servicio de coche compartido y renting que dirige Mar Alarcón. Pese a comunicar en marzo de 2019 la puesta en marcha de su servicio con antiguos socios de Uber, decidió recientemente no retomar este servicio tras la crisis del coronavirus.

«Hemos cumplido todas las normas, también la de los 15 minutos de precontratación de la Generalitat, que es absurda porque va contra lo que piden los usuarios. Tampoco sirve a las empresas. Paramos la actividad por el estado de alarma, pero ya hemos decidido no retomarla. No es rentable», explicó la propia Alarcón en una entrevista en junio.

La otra desaparecida es Gowe. Se trata de una empresa que fundada en abril del pasado año por el empresario Jordi Marzal, pero de la que, tras una declaración de intenciones sobre su llegada al mundo de las VTC, nada más se supo.

Actualmente apenas muestra síntomas de seguir en funcionamiento: sus redes sociales están inactivas desde hace ocho meses, en la red social Linkedin solo aparecen dos empleados y en su aplicación es imposible pedir un servicio. Este medio ha intentado contactar con los responsables del negocio pero ha sido imposible al cierre de este artículo.

Con la desaparición del servicio VTC por parte de estas dos empresas, se esfuman también sus promesas. Gowe, por ejemplo, anunció que crearía aproximadamente 500 puestos de trabajo, mientras que las previsiones de Social Car pasaban por trabajar con cerca de 300 conductores. Sus anuncios trataron de levantar los ánimos de un sector marcado por la destrucción de empleo por la normativa impulsada por el conseller Damià Calvet, cuyas principales consecuencias fueron dos: cierres y ERE de las empresas tenedoras de licencias.

No hay señales de vida de las empresas que anunciaron competir con Cabify en Barcelona 

¿Y Uber? Se fue tras el anuncio del nuevo decreto catalán, pero pasado un tiempo abrió la puerta a un posible regreso. Su responsable en España, Juan Galiardo, afirmó que estaba dispuesto a mantener un diálogo con la administración, pero sus palabras no se han traducido en nada más. Y eso que Galiardo reconoció conversaciones con la Generalitat y se mostró «optimista» sobre posibles cambios en las reglas, según explicó en octubre del pasado año durante una presentación de la compañía en Madrid.

Cabify resiste

Con todo, queda la particular situación de Cabify. Anunció que salía de Barcelona pero apenas tardó un par de meses en volver. Fuentes de la compañía recuerdan que para su regreso fue necesario cambiar su estructura empresarial, para dejar de ser una plataforma que ponía en contacto a conductores con usuarios y pasar a ofrecer el servicio de transporte de manera directa a través de la sociedad Prestige & Limousine. O lo que es lo mismo: compró todos los activos (coches y licencias VTC) y pasó a operar directamente, sin intermediarios. 

Ahora hacen un balance optimista de su situación. «Mantuvimos un ritmo constante y positivo de adquisición de nuevos usuarios desde marzo de 2019. Crecimos durante los 10 meses del año de manera consecutiva», explican fuentes de la compañía de movilidad.

Cabify demostró ante los tribunales que la nueva ley le perjudicaba

Las mismas voces recuerdan que su crecimiento no se ha limitado solo a usuarios de coche. La compañía ha aumentado su oferta de alternativas de movilidad durante los últimos 18 meses, empezando por su servicio de motos eléctricas Movo que está disponible en la Ciudad Condal. 

Pero Cabify también ha reconocido problemas. Según un recurso judicial que la compañía interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJC), la compañía afirmaba que estaba captando muchos menos clientes en comparación a su situación anterior, cuando no existía un reglamento restrictivo para su actividad.

Un decreto judicializado

Y es que la legislación implantada en Cataluña ha sido el detonante de esta situación. El sector VTC ya acudió en los tribunales para tumbar la precontratación de 45 minutos adicionales impuesta por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que se añadía a los 15 minutos ya fijados por la Generalitat. Pero esta última barrera temporal sigue intacta. 

Las fuentes del sector recuerdan que este lapso de 15 minutos está blindado porque se ha aprobado mediante la figura legislativa de un real decreto, que obliga a quienes quieran impugnarlo a ir al Tribunal Constitucional (TC) y no utilizar los tribunales ordinarios.

Las vías para conseguirlo son escasas. Los empresarios de la VTC siempre han visto tres caminos posibles: la intervención del Defensor del Pueblo o el apoyo de 50 diputados del Congreso (también pueden ser senadores o parlamentos regionales) que se vean afectados en su autonomía. La condición previa es que un juez de un tribunal superior de justicia plantee una cuestión prejudicial con la que fuerce al TC a que se pronuncie.