Grandes empresas y grandes lobbys: el coste de moverse entre despachos

Siempre existe la sospecha de que las grandes empresas son capaces de doblegar a los políticos a su favor, con el objetivo de conseguir una regulación que, al menos, no les perjudique. Desde hace años, las leyes de transparencia han provocado que las compañían afloren cuánto se gastan en gastos de representación para hacer de lobby en los despachos y, además, concretar cuándo y con qué representantes públicos se reúnen. 

A partir de los datos depositados en el registro de transparencia de la Comisión Europea, Economía Digital ha analizado cuánto provisionan las empresas españolas registradas en las instituciones comunitarias. En total, las 131 sociedades españolas inscritas calcularon un gasto superior a más de 20 millones por año, en unas estimaciones realizadas por ellas mismas que oscilan entre los 18 y los 25 millones de euros.

Este extenso grupo de lo componen tanto miembros del selectivo IBEX de todos los sectores estratégicos (telecomunicaciones, transportes, energía y finanzas) como empresas emergentes, especialmente preocupadas durante el último año por las críticas que han desatado su modelo laboral y las posibles consecuencias que pueden sufrir por cambios en la regulación.  

En el grupo de cotizadas aparecen los cinco grandes bancos: Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banc Sabadell y Bankia. El banco presidido por Ana Botín, por ejemplo, se reunió hasta en cuatro ocasiones distintas durante el pasado mes de febrero con diferentes representantes de la UE, como Daniel Calleja Crespo, director de Industria en la Unión Europea, Jan Ceyssens, responsable de servicios financieros, o Miguel Ceballos Baron, jefe de gabinete adjunto de la comisaria de Comercio.

También lo hacen las energéticas, como Naturgy, Endesa o Iberdrola. La última reunión de la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán fue en noviembre del pasado año, cuando su responsable del departamento jurídico, Eva Chamizo, se reunió en Madrid, Maria Cristina Lobillo, del gabinete de Miguel Arias Cañete.

Fuera de las cotizadas también aparecen grandes empresas españolas. Llama la atención la presencia de Mercadona, la cadena de supermercados líder en España por cuota de mercado y que ahora prepara su salto a Portugal. Precisamente es Elena Aldana, figura clave en la llegada al mercado luso, la encargada de representar en Bruselas los intereses de la compañía de Juan Roig.

Fuentes comunitarias apuntan que los gastos son estimaciones que las propias empresas trasladan a Europa y que acostumbran a hacerlo en una horquilla bastante amplia. «Son cálculos que hacemos y enviamos, pero eso no significa que se termine gastando todo el importe», explican desde una IBEX a este medio. 

Otras empresas, un número reducido de ellas, sí cuantifican exactamente el dinero destinado a gastos de representación. Es el caso de Telefónica, que cifra su partida en 1,8 millones de euros para 2018. La compañía española presidida por José María-Álvarez Pallete, que opera en otros países del Viejo Continente, como Reino Unido o Alemania, se ha reunido en 68 ocasiones distintas con representantes de la Unión Europea desde que se registró como lobby (fue la primera en hacerlo). 

Cabify y Glovo también quieren ser lobbys

Entre las emergentes también aparecen empresas que destinan dinero para su papel de lobby. En España encontramos dos casos: Glovo y Cabify. Ambas compañías, que comparten accionistas clave en su capital, como el fondo japonés Rakuten, están encontrando problemas en la legislación, ya sea por el uso del modelo de falso autónomo, en el caso de los riders, o por los problemas de competencia con el taxi, en el caso de las VTC.

Cabify tiene como lobbista en Bruselas a la persona que negocio en Cataluña para paralizar el decreto de la Generalitat

La empresa de movilidad está representada en Europa por Marta Plana, exconsejera de la CMT, antigua Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), y vocal del consejo del FC Barcelona, donde su madre fue directiva en los noventa. La catalana es una famosa lobbista, conocida en España por ser la encargada de negociar sin éxito con la Generalitat para frenar el decreto contra las VTC. 

La plataforma de reparto a domicilio, por su parte, ha estrenado este año en España su departamento de políticas públicas de la mano de Sacha Michaud (ex Betfair) para mejorar su imagen pública, al mismo tiempo que se ha registrado como lobby en Bruselas.

Se inscribió en febrero y puso como representante a Ionut Lacusta, ex de Uber, quien será el encargado de negociar en los despachos. De momento no ha solicitado ninguna reunión, aunque entre sus objetivos está solicitarlas, así como «enviar informes otros documentos de interés», tal como figura en la documentación remitida a las instituciones comunitarias.