Amor (ATA) sale en defensa de Garamendi (CEOE): «Tiene voluntad de negociar»

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente nacional de CEOE, Lorenzo Amor, ha asegurado que la patronal tiene «voluntad de negociar y dialogar» para «llegar a un acuerdo si es posible» para reducir la jornada laboral, pero ha criticado «los ultimatums y las amenazas» que, a su juicio, no debieran tener cabida en el diálogo social porque «no son buenos ni para quien los propone», informa Europa Press.

Amor así lo ha señalado este jueves en su intervención en el Foro SER Cantabria donde ha insistido en que «a nadie le gustan las amenazas cuando está negociando» y, aunque desde las organizaciones sindicales insisten, ha destacado que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, retiró el ultimátum planteado con un cambio de actitud que, ha dicho, «no sé» con que intención se ha producido.

El vicepresidente de CEOE ha asegurado que los empresarios van a ser «igual de patriotas y leales» apoyen o no la reducción de la jornada laboral y ha defendido que creen que esa regulación debe llevarse a cabo en el marco la negociación colectiva de los convenios sectoriales o empresariales y que, de hecho, ya se está haciendo.

«Hay sectores en los que ya se trabajan 34 ó 36 horas, en el sector público 37, y la jornada media por convenio en este país es de 38,3 horas. Lo cual quiere decir que la negociación colectiva funciona y que la jornada se está reduciendo», ha manifestado, pero ha indicado que no supone lo mismo esa reducción para una gran empresa o una fábrica que para un autónomo con tres trabajadores, por lo que, de establecerse por ley esa reducción de jornada, habría que poner en marcha «medidas compensatorias».

En este punto, ha recordado que en Francia se redujo la jornada y se pusieron medidas compensatorias como la reducción de las cotizaciones y, cuestionado por qué eso no está encima de la mesa en España, ha apuntado que «nuestro sistema de Seguridad Social tiene que recaudar, lo que está necesitando es ingresos, no reducción».

Amor ha insistido en que «las imposiciones no son buenas» y, aunque CEOE apoyó la reforma laboral, en este caso ha considerado que la reducción debe acordarse «dentro de la negociación colectiva y el diálogo social», más cuando «no todos los sectores tienen las mismas necesidades ni el mismo convenio». «No trabajan las mismas horas en el sector de la industria en Cantabria que en el sector de la hostelería, ni los trabajadores del Banco Santander que los de un autónomo con un despacho fiscal», ha evidenciado.

Y ha lamentado que, antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2023, los sindicatos y la patronal alcanzasen un acuerdo de recomendaciones para la negociación colectiva hasta 2025 y que, posteriormente, por la intervención de diferentes partidos en el acuerdo de Gobierno, se produzca una «explotación del diálogo social» y se lleguen a «romper dos de los grandes acuerdos que se han hecho en los últimos años».

«Fijando la prioridad de los convenios autonómicos sobre los convenios estatales, lo que dinamita el acuerdo de reforma laboral, porque le quita todo el sentido. Y ahora se quiere establecer, por ley también, reducir la jornada», ha detallado Amor, que ha criticado que, además, todo esto «dinamita» los miles de convenios firmados en el último año.

En este sentido, ha avisado al Gobierno que, «si quiere legislar» y establecer la reducción de jornada por ley, «que lo haga», pero «que no pretenda que vayamos como corderitos a decir que sí y menos si no se establecen medidas compensatorias» porque, ha afirmado, «si cambias de 40 horas a 37 horas y media significa que las cotizaciones y salarios van a subir un 6,2%».

Evitar la polarización política

Para Amor, el papel de los empresarios ha de ser «inyectar moderación, estabilidad y tranquilidad» a la sociedad española y «no entrar en la polarización política» que se está registrando en España en muchos asuntos concretos tanto de la economía como en otros sociales, como es el caso de la inmigración.

Precisamente, preguntado por la ruptura de gobiernos por parte de Vox en algunas comunidades por la acogida de menores inmigrantes llegados a Canarias, el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE ha considerado que «con los derechos humanos no se puede hacer política» y cree que «algunos se lo deberían hacer mirar».

De hecho, ha opinado que una inmigración «regulada y ordenada» es «buena para España», donde se «necesita mano de obra en muchos sectores» como la agricultura, la ganadería, la pesca, la hostelería o la construcción, e incluso ha apelado a que se haga «una verdadera ley de extranjería» en la que se pueda contemplar la formación en origen para luego traer a personas de otros países directamente contratadas a España.

En otro orden de asuntos, ha aplaudido que Cantabria esté trabajando para afrontar la «tan necesaria» simplificación administrativa porque, ha asegurado, la economía va mejor y crece más cuando «se eliminan trabas y trámites», una burocracia «estéril» que supone costes y gastos tanto para las administraciones como para los empresarios.

Al hilo, ha indicado que en Andalucía están ya aplicación su tercer plan de simplificación administrativa y «ha tenido más impacto que las rebajas de impuestos».

En esta materia de las «complicaciones» con las se encuentran los empresarios y autónomos en el tema burocrático, se ha referido a los fondos europeos destinados para el tejido productivo, aunque «la inmensa mayoría han ido a la administración», y ha lamentado, por ejemplo, la cantidad de trámites que hay que hacer para pedir el Kit Digital y que, además, una vez acaban, «resulta que en el borrador de Hacienda ya no son 2.000 euros de ayuda sino 1.200».

En general, ha considerado que la administración «aún tiene grasa para perder» y «puede quitarse kilos» en materia burocrática que tienen costes y que podría destinarse a otras cosas. «Seguimos teniendo muchas duplicidades y mucho gasto superfluo», ha dicho, y ha asegurado que, con ello, no se refiere ni mucho menos a los trabajadores del sector público.