Garamendi (CEOE) critica las exigencias de Junts: «Multar a las empresas se llama comunismo»
El líder de la patronal ha pedido generar un clima de confianza con las empresas para favorecer su retorno a Cataluña y dejar atrás la amenaza
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi. EFE/ Borja Sánchez-Trillo
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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado que Junts exija al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cambiar la legislación para multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña a cambio de apoyar los reales decretos ley que se votarán este miércoles en un Pleno Extraordinario en el Congreso.
Para Garamendi, hacer eso «se llama regulación en vena o se llama comunismo», tal y como ha expresado en declaraciones a RNE y ha hecho hincapié en que las empresas «tienen el derecho a instalarse y a invertir donde quieran».
El líder de la CEOE ha recordado que las empresas no abandonaron Cataluña «por placer», sino porque «no les quedaba otro remedio», como consecuencia del proceso independentista impulsado por el partido de Carles Puigdemont.
Garamendi ha insistido en la necesidad de generar un clima de confianza para el retorno de las empresas y ha insistido en la necesidad de dejar atrás la amenaza para que esto suceda.
«Lo que hay que hacer es generar las circunstancias para que la gente vuelva a su tierra, que es lo que yo quiero, lo que nosotros queremos, pero eso no se hace diciendo ‘usted vuelve porque si no le multan‘», ha dicho el líder de la patronal de empresarios.
Puigdemont reclama a Sánchez multas a las empresas
El Partido de Puigdemont ha reclamado a Sánchez cambiar la legislación de la reforma de la ley de sociedades de capital para aprobar incentivos fiscales para las empresas que mantuvieron su sede en 2017 y aquellas que decidan volver, al tiempo que piden sanciones para las que no lo hagan.
En su acuerdo para investir a Pedro Sánchez, PSOE y Junts incluyeron un apartado de redactado por el que se comprometían a abordar los «elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años».
