Garamendi asegura que las empresas volverán a Cataluña si hay «estabilidad y seguridad»

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha expresado su rechazo a incentivar de forma fiscal que las empresas vuelvan a Cataluña, a la vez que ha dejado bien claro que la «fórmula mágica» para lograrlo es generar «estabilidad, seguridad, tranquilidad y confianza».

«No creo que Europa consintiera una norma para favorecer a empresas en un territorio sobre otros, serían las famosas vacaciones fiscales que ya se dieron y se condenaron», ha recalcado el líder de la patronal empresarial, quien también ha recordado, en una entrevista en la cadena de televisión pública TVE, que actualmente continúan saliendo compañía de la comunidad autónoma.

Después de hacer hincapié en que la región cuenta con unos empresarios «impresionantes», ha lamentado que, si han tomado la decisión de trasladar su sede social a otras comunidades autónomas es «porque le han echado». Precisamente, por ese motivo, ha opinado que no es admisible que ahora les digan «si no vuelves te multo».

De esta manera se ha pronunciado Garamendi sobre el pacto alcanzado entre el PSOE y Junts para obtener su abstención en la votación de los tres decretos ley que tuvo lugar hace unos días en el Pleno del Congreso de los Diputados. Uno de los puntos recogidos en el acuerdo es la reforma de la ley de sociedades de capital para facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña tras el ‘procés’.

Sin embargo, el acuerdo también contiene otros puntos como la publicación de forma inmediata de las balanzas fiscales, la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat de Catalunya o la eliminación del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, según la formación nacionalista, podía poner en riesgo la puesta en marcha de la amnistía.

Economía descarta multar a las empresas que no quieran volver

Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha descartado la posibilidad de multar a las empresas que optaron por trasladar su sede fuera de Cataluña a raíz del procés. Se trata de una propuesta formulada por el portavoz de Junts, Josep Rius, quien planteó que las compañías que se marcharon a otras comunidades autónomas «puedan ser sancionadas», mientras que las que se mantuvieron u opten por volver a la región puedan beneficiarse de «incentivos fiscales».

Cuerpo ha enfatizado que la normativa de la Unión Europea (UE) «descarta» la opción de fijar restricciones al lugar de establecimiento de las empresas a través de multas. En este sentido, ha remarcado que lo que se va a hacer es «reforzar» la legislación existente, que promueve que «la actividad económica o los órganos de dirección coincidan con el domicilio social».

CEOE se descuelga del acuerdo para subir el SMI

Otro de los asuntos que ha abordado Garamendi ha sido la negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El presidente de la CEOE ha aprovechado para criticar al Ministerio de Trabajo, al que ha afeado la falta de criterio para aplicar la subida. «Si no quieres taza, taza y media», ha lamentado.

Tanto CEOE como Cepyme, que abogaban por una subida del 3,5%, se han descolgado del acuerdo después de que no se hayan atendido sus demandas de indexar el SMI a los contratos públicos y establecer bonificaciones para el sector del campo.

Finalmente, el departamento encabezado por Yolanda Díaz, ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT para subir el SMI este año un 5%. Consecuentemente, la remuneración mínima se elevará desde los 1.080 euros mensuales hasta los 1.134 euros repartidos en catorce pagas, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.