Los funcionarios estallan ante la última subida del IPC: «exigimos una reunión urgente»
Los empleados públicos denuncian la congelación de sus salarios mientras el coste de la vida sigue en aumento
Las nuevas quejas de los funcionarios sobre los salarios. Foto: Freepik
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Los empleados públicos han expresado su malestar ante la subida del IPC en febrero, que agrava aún más la pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo desde hace años. Con sus salarios congelados y sin noticias de una actualización retributiva, los sindicatos han lanzado un mensaje claro al Gobierno: «Exigimos una reunión urgente para alcanzar un nuevo acuerdo salarial».
Un deterioro salarial sin respuesta del Gobierno
Desde la última actualización retributiva pactada en 2022, los empleados públicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 9%, una cifra que se dispara por encima del 20% si se toma como referencia los recortes aplicados en 2010. A pesar de esta situación, el Gobierno no ha dado pasos concretos para abordar la mejora de las condiciones laborales y salariales del sector público.
A la falta de una subida salarial se suma la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2025, lo que impide la planificación de una nueva oferta de empleo público y deja en el aire cuestiones fundamentales como la consolidación de plazas y la mejora de la estabilidad en el sector.
Los sindicatos advierten: «El Gobierno debe reaccionar»
Las principales organizaciones sindicales han elevado el tono y han insistido en que es imprescindible convocar una reunión de urgencia para negociar un nuevo marco de retribuciones. Además del aumento salarial, ponen sobre la mesa otras reivindicaciones clave que llevan tiempo sin respuesta:
- Eliminación de la tasa de reposición, para permitir la cobertura real de vacantes y fortalecer los servicios públicos.
- Balance de los procesos de estabilización, con el objetivo de garantizar una mayor seguridad a los trabajadores en situación de temporalidad.
- Equiparación salarial entre administraciones, para evitar desigualdades entre empleados públicos en función de la comunidad autónoma o entidad en la que trabajen.
- Implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en todo el Estado, una medida que ya han adoptado varias administraciones autonómicas.
- Revisión de los grupos profesionales y mejora de la carrera profesional, para garantizar una evolución justa dentro de la Administración.
- Condiciones de jubilación más flexibles y favorables, especialmente en aquellos sectores donde la carga de trabajo es más exigente.
Sin oferta de empleo público para 2025: incertidumbre en el sector
La falta de unos Presupuestos Generales del Estado para el próximo año también afecta a la oferta de empleo público, que sigue en el aire. Esta situación genera una gran incertidumbre tanto para los trabajadores que esperan su estabilización como para aquellos que aspiran a ingresar en la Administración.
Los sindicatos advierten de que no se puede seguir postergando la planificación del empleo público, ya que muchos servicios esenciales necesitan refuerzos urgentes para garantizar una atención de calidad a la ciudadanía.
Ante la falta de respuesta del Ejecutivo, los representantes de los funcionarios no descartan intensificar las protestas si no se produce un avance en las negociaciones. «No podemos seguir perdiendo poder adquisitivo mientras el coste de la vida sigue aumentando», han señalado fuentes sindicales.
El descontento entre los empleados públicos es creciente y, si el Gobierno no da señales de diálogo, no se descartan movilizaciones en las próximas semanas para exigir medidas concretas.
Un sector clave en el funcionamiento del país
Los funcionarios y empleados públicos desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento del Estado, desde la sanidad y la educación hasta la seguridad y la administración. Sin embargo, denuncian que su labor no se ve reflejada en una política salarial justa, y que el esfuerzo realizado durante los últimos años ha sido castigado con congelaciones salariales y pérdida de derechos.
Los sindicatos insisten en que el Gobierno debe actuar con urgencia para corregir la situación y garantizar condiciones laborales dignas para quienes sostienen los servicios públicos. Mientras tanto, la incertidumbre sigue creciendo y el conflicto con los empleados públicos amenaza con convertirse en un nuevo frente para el Ejecutivo.
