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Foment rechaza la propuesta de Junts de sancionar a empresas que abandonaron Cataluña en 2017
La patronal catalana aboga por una política económica basada en la normalidad institucional y un clima favorable para el retorno de las empresas
Foment del Treball ha alzado la voz para expresar su rechazo a la propuesta de Junts per Catalunya de sancionar a las empresas que abandonaron la región en el año 2017. La patronal catalana, liderada por el presidente Josep Sánchez Llibre, sostiene que «la imposición de sanciones no constituye una política económica aceptable y aboga por alternativas más orientadas hacia la creación de un clima favorable y la normalidad institucional«.
Sánchez Llibre, en declaraciones previas, ha enfatizado en varias ocasiones la posición de Foment del Treball, subrayando su desacuerdo con la idea de que el retorno de las empresas deba estar condicionado por sanciones o incentivos. La patronal insiste en que «se debe trabajar para crear las condiciones adecuadas que impulsen el regreso de las empresas de manera voluntaria».
Además, Foment del Treball también muestra su desacuerdo con otra propuesta de Junts, que sugiere la posibilidad de ofrecer «incentivos fiscales» a las empresas que regresen o que hayan mantenido su sede en Cataluña. La patronal argumenta que «estas medidas podrían no ser la mejor estrategia para fortalecer la economía regional» y sostiene que «la normalidad institucional y un clima económico favorable son esenciales para incentivar el retorno de las empresas».
Puigdemont pide a Sánchez multas a las empresas
El Partido de Puigdemont ha reclamado a Sánchez cambiar la legislación de la reforma de la ley de sociedades de capital para aprobar incentivos fiscales para las empresas que mantuvieron su sede en 2017 y aquellas que decidan volver, al tiempo que piden sanciones para las que no lo hagan.
En su acuerdo para investir a Pedro Sánchez, PSOE y Junts incluyeron un apartado de redactado por el que se comprometían a abordar los «elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años».