Foment pide al Gobierno y los partidos que dejen a la actividad económica fuera de su «mercadeo»

Foment del Treball ha pedido tanto al Gobierno como a las formaciones políticas que dejen la actividad económica fuera del «mercadeo político». De esta manera, la patronal catalana ha expresado su preocupación por el actual escenario político, a la vez que ha puesto el foco sobre el «freno» que supone para la actividad económica.

«La imprevisibilidad y el desconcierto provocados por los diferentes procesos de negociación entre partidos y Gobiernos de todo tipo comporta, por un lado, desconfianza y, por otro lado, inacción», ha lamentado la organización empresarial encabezada por Josep Sanchez Llibre a través de un comunicado, en el que ha reclamado «respeto» para los empresarios y la seguridad jurídica.

A pesar de que ha recalcado que la patronal catalana conserva su postura de no entrar a valorar la acción política, ha destacado que el «mercadeo» de propuestas fiscales, sociales y económicas en el marco de las negociaciones en el ámbito político conducen a «una situación irrespirable para la actividad empresarial en todos sus ámbitos, desde el laboral al inversor».

«La ligereza con que se están tratando cuestiones capitales como el diálogo social o el planteamiento de sancionar o incentivar empresas por su retorno a Cataluña es desconcertante y decepcionante», ha incidido para después emplazar tanto al Gobierno como a los partidos políticos a «hacer un esfuerzo de rigor y prudencia» para impulsar las políticas económicas que sean necesarias «sin provocar inseguridad y desconfianza».

Pimec lamenta que se suba el SMI sin tener en cuenta la productividad española

Por su parte, la patronal catalana de pequeñas y medianas empresas, Pimec, ha cargado contra la subida del 5% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se materializará después de que el ministerio de Trabajo haya alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT. Con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, la retribución mínima aumentará desde los 1.080 euros hasta los 1.134 euros al mes repartidos en 14 pagas.

Pimec ha lamentado que la decisión no se haya acordado dentro del diálogo social, ya que tanto CEOE como Cepyme se han descolgado del pacto, pero también que no tome en consideración todas las variables económicas y la productividad, como el peso de las rentas del trabajo, la situación económica y la productividad.

Después de recordar que desde 2018, el salario mínimo se ha incrementado más de un 54%, por lo que se ha situado entre los más elevados de la Unión Europea (UE), ha emplazado a que las remuneraciones y sus aumentos se establezcan teniendo en cuenta la productividad en España, que aún continúa en la cola de Europa.

La patronal de las pequeñas y medianas empresas ha hecho hincapié en la importancia de acordar este tipo de decisiones en el marco del diálogo social, a la vez que ha tildado de «muy negativo» que la subida del salario mínimo se haya pactado «fuera de este ámbito» y ha aprovechado para pedir que la organización tenga «voz propia» dentro del mismo.

También ha recordado que su posicionamiento pasa por defender el «mejor salario mínimo posible», eso sí, siempre y cuando no afecte a la competitividad de las empresas, la creación de ocupación o comporte la pérdida de puestos de trabajo.

Teniendo en cuenta que la subida salarial afectará a las empresas contratistas de las administraciones públicas, ha pedido al Gobierno que «dote los recursos para garantizar el equilibrio en los contratos públicos, ajustándolos a las nuevas demandas salariales».

En esta línea, ha opinado que el gobierno habría de subir el SMI garantizando que lo aplicará a las políticas y al gasto que de él dependen. Por ello, ha justificado que las compañías puedan «trasladar estos incrementos de costes a sus contratos, sean públicos o privados, como también a las políticas públicas indexadas al SMI».