Fiscalía estrecha el cerco en Interior en el ‘caso Telefónica’
El Ministerio Público avanza en la investigación del segundo informe de la Oficina Antifrau
La Fiscalía Provincial de Barcelona avanza en la investigación de la segunda parte del caso Telefónica. En concreto, las pesquisas prosperan en lo que a priori era la parte más nimia de la última denuncia de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). Se trata de presuntas irregularidades en la adjudicación a la compañía presidida por César Alierta de un contrato tecnológico del departamento de Interior por valor de 60.000 euros, según apuntan fuentes de Fiscalía.
En la misma denuncia, también se incluían datos sobre un posible delito en un contrato con el departamento de Ensenyament y en la adjudicación por 224 millones de euros de la gestión de los servicios de telecomunicaciones de la Generalitat del pasado verano.
Casos interconectados
La investigación en la adjudicación del departamento de Interior se centra en el contrato que Telefónica ganó en 2009 para ocuparse de los servicios de diagnóstico y adecuación a la Ley de protección de datos personales. Según la información remitida por la OAC, la multinacional habría redactado las ofertas de las otras compañías que participaron en la licitación (Écija y Armelin) para asegurarse el concurso. Así, la propuesta de una de ellas resultó desproporcionada. Tras adjudicarse el contrato por 60.000 euros, se subcontrataron los servicios a Écija por una cifra inferior.
Fuentes de Fiscalía indican que, aunque este caso sea el que está más avanzado, no se puede descartar las otras pesquisas ya que están estrechamente relacionadas.
Segunda denuncia
El segundo de los casos se centra el suministro a centros escolares de las conexiones de Internet dentro del programa Educat 1×1. El informe de Antifrau señala que no se ha logrado determinar cuándo y cómo se adjudicó este contrato.
El último caso analiza si hubo un pacto irregular entre Telefónica y otra compañía, Concatel, para facilitar la adjudicación de un megacontrato de 224 millones de euros del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).
La primera denuncia
La Fiscalía de Barcelona abrió investigación por un presunto trato de favor en adjudicaciones públicas a la compañía de telecomunicaciones a finales de enero tras recibir una denuncia de la OAC.
El Ministerio Público centra estas diligencias en posibles delitos de connivencia, alteración de precios y tráfico de influencias entre altos funcionarios y directivos de una filial de la operadora en contratos con el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, el Consorci Sanitari de Terrassa, la Generalitat, y la Diputación de Barcelona entre 2008 y 2012.
