Denuncian más irregularidades en la relación de Telefónica y la Generalitat

Las relaciones entre el grupo Telefónica y las administraciones catalanas no pasan por su mejor momento. Al menos, en términos de transparencia. La Fiscalía, que investiga una denuncia anterior sobre cinco operaciones irregulares, ha recibido nueva documentación en la que se amplía a otros tres casos las relaciones supuestamente delictivas que se han dado entre funcionarios, altos cargos y representantes de la filial Telefónica Soluciones de Informática y Telecomunicaciones, SAU.

De acuerdo con los datos recibidos ahora por el Ministerio Público, existen indicios y verosimilitud suficiente para ampliar las investigaciones ante la posible comisión de delitos de connivencia entre empresas para beneficiar a la compañía que preside César Alierta en una adjudicación realizada por el departamento de Interior de la Generalitat; situaciones de conflicto de intereses en la contratación con el departamento de Ensenyament de los servicios de conectividad para los colegios catalanes; y posibles acuerdos y pactos entre Telefónica y Concatel para conseguir que la primera obtuviese uno de los principales lotes de la megaadjudicación que tuvo lugar el pasado verano y que afecta a un contrato de 224 millones de euros.

Investigaciones previas

Las investigaciones preliminares han sido realizadas por la Oficina Antifraude de Catalunya, que dirige Daniel de Alfonso, y remitidas con posterioridad a la Fiscalía Superior. Esta institución ya trasladó el expediente anterior, de finales de 2012, a la fiscal en jefe de la Fiscalía Provincial de Barcelona, que ha iniciado diligencias y ampliado las investigaciones que dieron pie a la denuncia.

En el informe recibido por los fiscales se señala que Telefónica Soluciones de Informática y Telecomunicaciones, SAU habría amañado, junto con otras dos empresas, las ofertas presentadas a Interior en 2009 para resultar adjudicataria de los servicios de protección de datos de esa conselleria. Las empresas concurrentes eran la propia multinacional junto a Écija y Armelin. Las ofertas de una de ellas resultó desproporcionada, mientras que las tres fueron elaboradas por personal de Telefónica y, una vez adjudicado el contrato por 60.000 euros, se subcontrataron los servicios a Écija por una cifra inferior.

Internet para escolares

La segunda de las operaciones supuestamente irregulares guarda relación con el suministro a centros escolares de las conexiones de internet dentro del programa Educat 1×1, que extendía a un millar de instalaciones educativas catalanas los ordenadores como elemento pedagógico y, en consecuencia, requerían disponer de conectividad. Las investigaciones realizadas señalan a Xavier Kirchner Nebot como el nexo de unión entre la administración catalana y la operadora de telecomunicaciones.

De acuerdo con las informaciones recibidas por la Fiscalía, el suministro de ADSL a los centros lo presta Telefónica pero no se ha conseguido determinar con exactitud cómo se adjudicó y con qué contratos. En ese asunto, los altos funcionarios que aparecen vinculados con la irregularidad podrían haber incumplido las normativas sobre contratación pública, por lo que se sopesa la posibilidad de que incurrieran en ilícitos de soborno.

Dudas sobre el ‘megacontrato‘

Sobre el megacontrato de tecnologías de la información que licitó el pasado verano la Generalitat, las principales sospechas de los informes preliminares se ciernen sobre la parte que se adjudicó Telefónica, la más amplía de las cuatro que se sometieron a concurso. Se trata de la relativa al contrato de aprovisionamiento del lugar de trabajo y soporte al usuario en la administración autonómica.

La participación de Concatel y otras sociedades beneficiarias indirectas de las adjudicaciones han suscitado las sospechas de la Oficina Antifraude, que en el informe remitido a la fiscalía no descarta la presunta existencia de acuerdos y pactos irregulares entre Telefónica y Concatel.