La familia Larios liquida fincas de caza, obras de arte e inmuebles por valor de 615 millones

Liquidación definitiva del Grupo Mazacruz, propiedad de la familia Larios. Después de siete años de periplo judicial y más de 20 años desde que se inició el proceso, el Registro Mercantil nombró, el pasado 19 de agosto, la empresa liquidadora, Pkf Attest Servicios Profesionales SL. Un nombramiento que implica el inicio de la disolución de una sociedad valorada en 615 millones de euros.

Las sentencias, recursos y demandas han sido una constante en el caso desde 2017, cuando se acordó por laudo arbitral disolver el grupo, motivado por desavenencias en el seno de la familia Larios. En ese momento, el árbitro valoró en 615 millones los activos del holding empresarial.

Mazacruz es el resultado de la unificación societaria del patrimonio de la familia Larios en 1994, que incluye, además de diversas propiedades inmobiliarias, la finca de caza Dehesa de los Llanos (Albacete), que, con sus más de 14.000 hectáreas, es una de las más importantes de España. Esta propiedad fue comprada en el siglo XIX por José María de Salamanca y Mayol, el histórico marqués de Salamanca, aristócrata isabelino que dio nombre al barrio más famoso de Madrid.

Las sociedades filiales del grupo –como Sociedad Azucarera Larios, Larios Patrimonio, Larios Inmobiliaria, Larios Agrícola, Dehesa de Los Llanos y Conservación Inmobiliaria–, que tiene su sede fiscal en Madrid, también cuentan con millones de metros cuadrados, un centro comercial y edificios en las mejores zonas de Málaga, casas en la Granja de San Idelfonso (Madrid), recursos cinegéticos, u obras de arte, entre otros.

Liquidación pendiente desde 2017

Durante siete años, la disolución del grupo de la familia Larios ha estado pendiente de ejecutarse. En abril de 2017, el árbitro Rafael Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Mercantil por la Universidad de Barcelona, dictó un laudo en el que declaró, entre otras medidas, la disolución y apertura de liquidación de la sociedad Mazacruz.

Posteriormente, pero, en enero de 2018, el laudo fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que entendió que «no estaba suficientemente motivado». A partir de aquí, el caso acabo pasando al Tribunal Constitucional, que en febrero de 2021, estimó el recurso de amparo interpuesto contra la sentencia dictaminada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Además, en mayo de ese año, otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó otro recurso, validando así el laudo arbitral. Finalmente, a principios de 2023, el Constitucional rechazó el último recurso de amparo, por lo que la liquidación era definitivamente firme. Ahora, con el nombramiento de la empresa liquidadora, se inicia la disolución.

20 años de demandas familiares

El conflicto entre los miembros de la familia Larios se remonta al año 2003, cuando Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna, actual marqués de Paul, demandó a su padre, Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Príes, para hacer valer una donación de acciones de Mazacruz que le había hecho y un acuerdo por el que se le daba un privilegio de voto, que consistía en que cada una de sus participaciones valiera cinco votos y no solo uno.

Esta situación llevaba a la práctica que Altuna, con el 27% de las participaciones del grupo, ejercía el control de la sociedad, con el 61,85% de los derechos de voto, frente a Bárbara Kalachnikoff, viuda del anterior marqués –que falleció en 2004– y madrastra de Altuna, y sus otras hijas, Bárbara y Christina, que sumaban el 73% del accionariado, pero solo el 38,14% de los derechos de voto.

En 2014, Kalachnikoff y sus hijas solicitaron un procedimiento de arbitraje al no llegar a un acuerdo para disolver la sociedad, que se resolvió en 2017: el laudo declaraba el «abuso de la posición de dominio» de Altuna y ordenaba la liquidación del grupo y su reparto en función del porcentaje de participación accionarial de cada socio, sin votos privilegiados.

Desde entonces, los distintos recursos del marqués habían paralizado el proceso de liquidación, hasta que finalmente en 2021 el TC rechazó el último recurso de amparo interpuesto por Altuna, dando la razón a Kalachnikoff y sus hijas.