Eustasio López: el penalista top de Baker & McKenzie y el abogado de los 16.100 millones a Argentina van a por él
Eustasio López, la mayor fortuna canaria, afronta acusaciones de haber cometido distintos delitos para perjudicar a un competidor.
Eustasio López. Foto: Wikipedia.
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Eustasio López, la primera fortuna canaria, estimada en unos 1.200 millones de euros, propietario del grupo turístico Lopesan, está en el punto de mira de dos de esos abogados que hacen torcer el gesto a cualquier contrincante en un Juzgado: Jesús Santos, el penalista estrella del despacho Baker & McKenzie; y Armando Betancor, especialista en derecho mercantil, del bufete Kepler-Karst.
Los Santana Trujillo, principales accionistas de Grupo Santana Cazorla, conglomerado turístico declarado en concurso de acreedores en febrero de 2022, acusan a Eustasio López de haber urdido un plan presuntamente delictivo para quedarse con la empresa.
Como ha publicado este periódico, el Juzgado de Instrucción número uno de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido recientemente a trámite querella presentada por Alberto, Santiago y Virginia Santana Trujillo, de Grupo Santana Cazorla, contra el empresario Eustasio López.
Y el Juzgado Mercantil número dos de Las Palmas de Gran Canaria acaba de recibir documentación presentada por los Santana Trujillo que, aseguran, probaría indicios de fraude y estafa procesal cometidos por Eustasio López y sus colaboradores.
Las fuentes consultadas por este diario, cercanas a Grupo Santana Cazorla, aseguran que se trata del «mayor caso de corrupción concursal en la historia de Canarias«.
La querella de Santos
La querella admitida por el Juzgado de Instrucción número uno de Las Palmas de Gran Canaria está firmada por Jesús Santos, socio de Baker & McKenzie desde el año 2012.
Santos se inició como Fiscal a mediados de los años ochenta del pasado siglo, y en 1989 se incorporó a la Audiencia Nacional sustituyendo en el puesto a la fiscal Carmen Tagle, asesinada por ETA.
En su etapa como Fiscal participó en numerosos juicios contra el terrorismo y también fue el encargado de la investigación del caso Lasa-Zabala. Trabajó en varios procesos por delitos económicos, desde la vinculación de Juan Guerra -hermano del vicepresidente Alfonso Guerra- con la aseguradora Cissa, hasta el escándalo de Air Madrid.
En 2004 abandonó la Audiencia Nacional para dedicarse a tiempo completo como magistrado de enlace en Italia. Ha sido distinguido como Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa por su papel en la colaboración con Francia en la lucha contra ETA.
Como abogado de Baker & McKenzie, Santos ha representado los intereses de reconocidos políticos, artistas, empresarios y deportistas. Entre sus clientes han estado los futbolistas Cristiano Ronaldo y Neymar; el magnate Mikhail Fridman; el expresidente del BBVA, Francisco González; el expresidente de Banco Popular, Emilio Saracho; el exministro Rodolfo Martín Villa; o la plana mayor del PP involucrada en Gurtel.
En la querella recientemente admitida en Las Palmas de Gran Canaria se sostiene que tres consejeros de Grupo Santana Cazorla, Manuel Santana Cazorla -con el 49% del capital-, Juan Arencibia, y Martín Jesús Suárez, han venido actuando en realidad a la sombra de Eustasio López.
La querella incluye documentación que revelaría que la actuación de los tres consejeros de Grupo Santana Cazorla, contraria a los intereses de la compañía, se habría producido después de un pacto oculto, acordado en diciembre de 2021, por el cual Manuel Santana traspasó a la sociedad IFA Canarias -de Eustasio López- su participación en Grupo Santana Cazorla, por importe de 19,9 millones de euros.
Ese traspaso habría provocado «un perjuicio patrimonial» al resto de socios de Grupo Santana Cazorla, al impedir el ejercicio de derecho de adquisición preferente que les corresponde legalmente.
El abogado de los 16.100 millones
Tras la admisión de la querella contra Eustasio López y sus presuntos colaboradores, la representación legal de los Santana Trujillo han acudido al Juzgado Mercantil número dos de Las Palmas de Gran Canaria para hacer entrega de documentación que probaría indicios de delitos mercantiles supuestamente cometidos por el dueño de Lopesan.
El nuevo escrito está firmado por Armando Betancor, del bufete Kepler-Karst, licenciado en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, graduado del Lawyers Management Program por la London School of Economics.
El nombre del abogado de Kepler-Karst, curtido como administrador concursal en la época mercantil más dura de España, durante la pasada crisis económica y financiera, entre los años 2008 y 2015, ha dado la vuelta al mundo. Betancor logró el pasado mes de septiembre que la Justicia estadounidense condenara a Argentina a indemnizar con 16.100 millones de dólares a los acreedores de la petrolera YPF.
El abogado canario fue designado en 2012 administrador concursal de dos sociedades, domiciliadas en Madrid, que pertenecían a los banqueros argentinos Eskenazi, con el 25% de YPF. Cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió YPF, en la que Repsol era su primer accionista, con el 51%, las firmas de los Eskenazi no tuvieron más remedio que declararse en concurso de acreedores.
Betancor sostuvo desde un primer momento que Argentina debía indemnizar a todos los accionistas de YPF, tal y como contemplaban los propios estatutos de la petrolera en caso de expropiación. El abogado logró convencer al fondo Burford Capital de financiar la reclamación de los Eskenazi en Estados Unidos, al cotizar YPF en Wall Street.
El pasado mes de septiembre, en una sentencia histórica, la Juez Loretto Preska, de Nueva York, dictó una sentencia histórica condenando a Argentina a indemnizar con 16.100 millones de dólares a los antiguos accionistas de la petrolera.
En su reciente escrito al Juzgado Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, Betancor incluye documentación olvidada en una sala del Grupo Santana Cazorla, supuestamente por colaboradores de Eustasio López, que mostraría concertación existente entre consejeros de Grupo Santana Cazorla y Eustasio López, contraria a los intereses de la empresa.
En el escrito se defiende que IFA y Lopesan, de Eustasio López, han tejido un plan para «quedarse con todo el grupo Santana Cazorla, por el menor precio posible y sin necesidad de respetar los procedimientos legales ad hoc y para ello establecidos».
