Eustasio López (Lopesan) trata de hacerse con el mayor activo turístico de Canarias por solo 8 millones en un oscuro proceso concursal

La mayor fortuna de Canarias, Eustasio López, dueño de Lopesan, pretende hacerse con el mayor activo turístico de las islas, Anfi Sales y Anfi Resorts, por solo 8 millones de euros, cuando ese mismo activo se ha tasado en más de 200 millones, en un oscuro proceso concursal por el que han pasado ya varios jueces y administradores concursales.

El grupo turístico Santana Cazorla, en concurso de acreedores desde 2022, denuncia que la administración concursal, la consultora PKF Attest, pretende «malvender» uno de sus principales activos, las participaciones que mantiene en las sociedades Anfi Sales y Anfi Resorts, dueñas de varios complejos hoteleros en Canarias.

Como ha publicado esta semana El Confidencial, el juzgado mercantil número dos de Las Palmas de Gran Canaria dictó auto el pasado día 6 de febrero autorizando la venta en subasta de las participaciones de Grupo Santana Cazorla en Anfi Sales y Anfi Resorts.

Parece que se pretende que no se presente oferta alguna que pueda competir con Lopesan, lamenta Grupo Santana Cazorla

El juzgado tomó esa decisión después de que, el pasado mes de noviembre, Lopesan presentara una oferta por 8 millones de euros por las participaciones en las dos sociedades turísticas de Grupo Santana Cazorla, aportando un informe de valoración de KPMG, y así lo solicitara la administración concursal, PKF Attest.

Pero hace un año tanto Grupo Santana Cazorla como Lopesan valoraban esas mismas participaciones entre 237 y 400 millones de euros, denuncia la compañía concursada.

Tras el auto del juez del pasado día 6 de febrero, Grupo Santana Cazorla ha interpuesto recurso de reposición advirtiendo al juez que su decisión de poner en marcha el proceso de venta no se ajusta a derecho.

«No solo es que la Administración Concursal pretenda malvender uno de los principales activos de la concursada», dice Grupo Santana Cazorla en un reciente escrito al juzgado, «sino que pretende hacerlo mediante un proceso que no ofrece garantías suficientes y que no facilita la transparencia y concurrencia al proceso por parte de un tercero».

La defensa de Grupo Santana Cazorla advierte además que ha requerido que a PKF Attest le sea retirada de su condición de administrador concursal, por haber trabajado, a través de otras de sus divisiones, con BBVA, acreedor de Grupo Santana Cazorla, lo que supondría una incompatibilidad para asumir el cargo, sostiene.

El pasado mes de septiembre, la anterior administración concursal designada por el juez del concurso de Grupo Santana Carzorla, el despacho Insol Expertos Concursales, renunció a su puesto. Esa misma administración concursal valoró las participaciones en Anfi Sales y en Anfi Resort en unos 85 millones de euros.

Cheque de cinco millones

Los abogados de Grupo Santana Cazorla advierten que el informe de KPMG que ha servido de base a Lopesán para presentar su oferta de solo 8 millones de euros, «es incompleto«.

También cuestionan la independencia de KPMG en el proceso, ya que su informe, dicen, «ha sido confeccionado por un profesional que no puede ser calificado de independiente, y pudiera tener un interés directo o indirecto en la transmisión de activos».

La administración concursal ha dado solo tres días para presentar alegaciones y requiere un cheque de 5 millones para participar en la subasta

PKF Attest, afirma la defensa de Grupo Santana Cazorla, en la apertura del proceso de venta, ha dado un plazo de solo tres días para hacer alegaciones, lo que «no daba tiempo a que pudiera presentarse una tasación pericial contradictoria».

Además, la administración concursal exige a los interesados en participar en la subasta por los activos turísticos canarios presentar un cheque por importe de cinco millones de euros, lo que, consideran los abogados de Grupo Santana Cazorla, «resulta inconcebible».

Los abogados creen que ese requisito «se incorpora a petición del oferente para mermar la posibilidad de obtención de ofertas«. Siendo el precio de salida los 8 millones de euros ofrecidos por Lopesan, «el depósito exigido para participar es excesivo».

También cuestionan el proceso de venta iniciado, por no entenderse que se vendan conjuntamente los dos activos. «Lo lógico sería que se vendieran las participaciones de una de las sociedades, o mejor, parte de una de ellas, pero no todas», dicen.

Y destacan que en el proceso dirigido por PKF Attest «se condiciona la posibilidad de plantear una oferta a firmar el documento recibido para exonerarle de cualquier tipo de responsabilidad«. Esto, afirman los abogados de Santana Cazorla, es «una coacción en toda regla que es inasumible».

«Pareciere que lo que se pretende», lamentan los abogados de Grupo Santana Cazorla, es que no se presente oferta alguna «y se adjudique a uno de los principales competidores de la concursada el mayor activo del concurso por un precio escandalosamente inferior al valor que tiene en inventario y al real valor del mismo».