La ex jefa del CNI destituida por Sánchez tras el caso Pegasus cobra una indemnización de 174.122 euros

Paz Esteban López, destituida como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en mayo de 2022, ha percibido 174.122 euros de indemnización.

La secretaria de Estado directora del CNI ha cobrado mensualmente 7.403 euros entre junio de 2022 y el pasado mes de mayo, sin realizar actividad laboral, de acuerdo a los datos consultados en portal de Transparencia por este diario.

La normativa española recoge que determinados altos cargos del Gobierno tienen derecho a percibir una pensión indemnizatoria tras el abandono del cargo, equivalente al 80% de su retribución anual.

La compensación, que se abona mensualmente, y a la cual es posible renunciar, es incompatible con cualquier otra retribución, tanto pública como privada.

La primera mujer al frente de los espías en España fue destituida de su cargo en pleno estallido del caso Pegasus.

A mediados de 2022 líderes independentistas denunciaron que sus teléfonos móviles habían sido intervenidos empleando el programa informático Pegasus.

Poco después, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, informó que también los teléfonos de Pedro Sánchez; del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska; del ministro de Agricultura, Luis Planas; y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido infectados con el mismo software.

Entre el 19 y el 21 de mayo de 2021 se extrajeron del móvil de Pedro Sánchez 2,57 GB de información con el programa Pegasus

El caso Pegasus en España generó suspicacias y teorías de todo tipo, con acusaciones cruzadas entre independentistas, miembros del Gobierno, y el CNI de estar tras el espionaje. También se apuntó a Marruecos como instigador principal de las intervenciones telefónicas.

El Juez Antonio Calama, de la Audiencia Nacional, investigó el caso, pero en julio de 2023 acordó el sobreseimiento provisional de la causa, ante el silencio administrativo de las autoridades israelíes frente a la comisión rogatoria enviada en el marco de la investigación (el programa Pegasus es comercializado por la empresa israelí NSO Group).

El magistrado, el mismo a cargo del caso de la caída de Banco Popular, señaló durante la investigación que el caso Pegasus había «puesto en jaque la propia seguridad del Estado«.

El teléfono del Presidente del Gobierno fue infectado en cinco ocasiones, entre octubre de 2020 y diciembre de 2021; en dos días, entre el 19 y el 21 de mayo de 2021 se extrajeron del móvil de Pedro Sánchez 2,57 GB de información, según comunicó el Consejo General del Poder Judicial.

Recientemente el Juez ha reabierto el caso.

El magistrado acordó el pasado mes de abril la reapertura del caso tras haber recibido una Orden Europea de Investigación (OEI) emitida por las autoridades judiciales de Francia.

La documentación recibida incorpora una investigación llevada a cabo en el país vecino en 2021 por múltiples infecciones de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros de Gobierno francés, ministros y diputados, con el software Pegasus.

El Juez español ha explicado que las investigaciones en Francia determinaron que cada servicio que utilizaba el software Pegasus creaba una infraestructura que podía utilizarse para atrapar varios números.

“Por tanto, es posible establecer comparaciones entre las pistas encontradas en los distintos teléfonos infestados para identificar una única fuente de infestación”, ha indicado.

El Centro Criptológico Nacional está analizando los datos recibidos para elaborar un informe pericial que será entregado al Juez Calama.

El magistrado ya ha avanzado que cuando obtenga el resultado de este nuevo examen pericial «se podrá llevar a cabo un intercambio más amplio de información con las autoridades francesas» y así conocer el contenido de la información que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el proceso del control interno del software Pegasus, y un detalle más completo sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI).