España, abocada a eliminar la tarifa regulada de la luz por la elevada competencia: 534 empresas venden electricidad

Las comercializadoras de luz llevan años multiplicándose en España, siendo ya 534 empresas las que operan en el mercado. Una cifra de las más altas de Europa que marca el camino a la eliminación de la tarifa regulada, tal y como ha reclamado Bruselas.

Cada vez son más las compañías que venden servicios de electricidad a los consumidores, siendo la última década especialmente intensa. Un reciente informe de PwC señala que el mercado minorista de electricidad español ha experimentado «un cambio muy significativo» en su proceso de liberalización.

La tesis de la consultora refleja que la comercialización de energía eléctrica en el país ostenta un grado de apertura y de concentración «mucho más avanzado» que la mayoría de los países de la Unión Europea.

Es por ello que España ha pasado de contar con 382 comercializadoras en 2022 a 534 a cierre de septiembre de este año, el más alto de toda la UE, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que recoge el informe de PwC.

En esta línea, el informe destaca que España es el país con mayor número de comercializadores a nivel nacional y el nivel de concentración del mercado minorista ha disminuido en los últimos años.

Una situación que hace que no existan «barreras materiales» para la entrada en el mercado de comercializadores en España, facilitando una suficiente presión competitiva.

Bruselas pide una hoja de ruta para eliminar la tarifa PVPC

Otra de las conclusiones del informe es que el hecho de que existan tantas empresas comercializadoras hace que el grado de participación y conocimiento de los consumidores sobre las opciones de contratación sea muy elevado respecto al de otros países.

Por ello, según indican desde la consultora, la tasa de cambio de comercializador en España es una de las más elevadas.

El nivel de competencia en el sector es importante, ya que Bruselas ha reclamado al Gobierno que valore la necesidad de mantener la actual tarifa regulada (PVPC) y evalúe los avances logrados para alcanzar una competencia del mercado efectiva entre las comercializadoras.

Así, antes de que acabe el año Transición Ecológica deberá enviar a la Comisión Europea un informe valorando el nivel de competencia en el mercado, en el que también justifique si están aplicando algún tipo de medida de intervención en el mercado, como sería la existencia de una tarifa regulada.

«En caso de existir suficiente competencia, deberán aplicar una hoja de ruta para la eliminación del PVPC, de forma que todos los consumidores que no sean vulnerables estén en el mercado libre», destacan desde PwC.

España endurece las exigencias a las comercializadoras independientes

Pese al escenario de elevada competencia, en España el número de empresas de venta de energía que se dan de baja es grande. Y es que, hasta ahora, los requisitos para dar de alta una comercializadora son prácticamente nulos porque no se les exige requisitos de capacidad técnica ni económica que demuestren su solvencia con carácter previo al ejercicio de la actividad.

Así, en los últimos cinco años un total de 113 comercializadoras han sido inhabilitados o han cesado la actividad de forma voluntaria por haber incumplido el requisito de capacidad económica para ejercer la actividad según la información publicada por la CNMC que recoge PwC.

Es por ello que Competencia ve necesario mejorar las actuaciones y la solvencia de las comercializadoras proponiendo el establecimiento de mecanismos de capacidad financiera, cobertura de riesgos o un sistema de garantías adecuado para poder hacer frente a la volatilidad de los precios.

En este contexto, el Gobierno tramita un reglamento para endurecer las exigencias a las empresas que se dedican a vender electricidad en el mercado para transponer una directiva europea en el marco de la reforma del mercado eléctrico.

Mayores requisitos que aseguren su viabilidad como un aumento del capital, avales o someterse a grados de estrés como ocurre en el sector bancario para medir el grado de solvencia económica.