El enredo fiscal enfrenta al Gobierno con Iberdrola, Repsol, Endesa y Naturgy: un impuesto y millones de inversión en el aire
A 40 días de que expire el gravamen, hay dudas sobre su tramitación y cómo afectará a las empresas del sector
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Foto: Eduardo Parra / Europa Press
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El Gobierno ha conseguido sacar adelante su reforma fiscal tras varios días de negociaciones y diferentes cambios de parecer por la presión de sus socios parlamentarios. El paquete de gravámenes aprobado no incluye el impuesto a las energéticas que, si bien se ha acordado prorrogar, todavía es una incógnita cómo se llevará a cabo, cómo se formulará y si contará con todos los apoyos parlamentarios.
Se trata de una medida que tendrá que ser aprobada antes de que acabe el año, ya que el impuesto temporal que grava los beneficios extraordinarios de empresas como Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol o Moeve (antigua Cepsa) expira el 31 de diciembre.
La reforma fiscal establece el impuesto a la banca y un nuevo tributo mínimo global del 15% a las empresas multinacionales. Ley que ha contado con los votos favorables de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria tras una larga comisión y días de duras negociaciones con incertidumbre hasta el último momento.
Tras pactar con ERC, Bildu y el BNG extender el tributo energético en 2025, Junts, que inicialmente hizo retroceder al Gobierno en su intención de hacerlo permanente tras las amenazas de congelar inversiones en Tarragona por parte de Repsol, aclaró que el gravamen no afectaría a aquellas empresas que estén invirtiendo en transición energética y descarbonización.
Dudas sobre la tramitación y la formulación del impuesto a 40 días de que expire
Una condición algo confusa, puesto que la gran mayoría de las empresas afectadas cuentan con importantes inversiones y proyectos programados en diferentes energías renovables y electrificación, en línea con los objetivos del Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno.
A última hora del jueves, el PSOE alcanzó un acuerdo con Podemos, contrario a que se dejara fuera de la reforma fiscal este gravamen, para de alguna manera poder extenderlo. Si bien no dentro de esta reforma, la formación morada asegura que se hará a través de una proposición de ley.
En el peor de los casos, que por tiempo y forma no pueda llevarse a cabo, la prórroga al actual gravamen se tendrá que aplicar vía Real Decreto Ley, una fórmula que causa más incertidumbre por su encaje legal respecto a crear impuestos.
En cualquier caso, la medida tendrá que ser convalidada por mayoría en el Congreso antes de que finalice 2024, es decir, con los votos a favor de todos los socios, o el impuesto actual decaerá.
Las principales energéticas del país prefieren no adelantar acontecimientos y esperan con prudencia la resolución de este enredo fiscal, si bien desde el sector se muestran preocupados por el impacto que, dicen, puede tener en la economía y en las futuras inversiones programadas.
Iberdrola, Endesa, Repsol y Naturgy advierten: en riesgo 30.000 millones
De este modo, las grandes compañías mencionadas se han unido recientemente a través del Club de la Energía (Enerclub) para manifestar su oposición a un marco regulatorio que implique prolongar este gravamen al sector o incluir uno nuevo.
Este lobby energético, que agrupa a Iberdrola, Repsol, Naturgy, Moeve (Cepsa), Endesa, TotalEnergies, Bp y EDP, ha advertido que el tributo puede dificultar inversiones de 30.000 millones de euros en los próximos tres años, «así como el desarrollo y viabilidad económica y financiera de los proyectos».
El sector además pide seguridad jurídica y que se «establezca un clima de confianza» para las empresas. Desde el Círculo de Empresarios han estimado que las inversiones en peligro de las energéticas pueden traducirse en el 17% del volumen total de las inversiones de empresas españolas.
«Las empresas son responsables de un 61% (181.000 millones) de la formación bruta de capital fijo (295.000 millones) en España. En términos anuales, 30.000 millones equivalen al 17% del volumen total de las inversiones de las empresas españolas» explica la organización.
«Hipotéticamente, una periodificación anual de esas inversiones en riesgo (10.000 millones) nos conduciría a una posible disminución de hasta un 6% del total de las inversiones», ha sentenciado.
