Los ‘enchufados’ de Adif en Tragsa: más de dos millones para un ‘sistema corrupto’

Hace unas semanas, Jesús Casas Grande, presidente de Tragsa, acudió a declarar ante la Comisión de Investigación por la Operación Delorme

Adif y Tragsa

Adif y Tragsa, protagonistas de una nueva polémica

El Diario ABC sacó en exclusiva unas informaciones sobre la empresa pública Tragsa y su relación particular con Adif. Según señaló el medio, el grupo Tragsa tenía un contrato valorado en más de dos millones de euros, unos 2,4 millones aproximadamente, destinado a contratar a personas afines a Adif.

Digamos que Tragsa actuaba como si fuera una empresa de trabajo temporal (ETT) para colocar a personas en la entidad. El periodista Javier Chicote, autor de la información en ABC, ha explicado en el programa ‘Todo es mentira’ todos los detalles sobre este nuevo entramado que se perfila dentro del ‘Caso Ábalos’.

Hace unas semanas, Jesús Casas Grande, presidente de Tragsa, acudió a declarar ante la Comisión de Investigación para esclarecer los contratos, licencias, concesiones, subvenciones y otras operaciones del Gobierno y del sector público que podrían estar vinculadas con Koldo García Izaguirre y otras personas relacionadas con la trama investigada en la Operación Delorme.

Tragsa es un grupo de empresas públicas españolas que forman parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y está especializado en la ejecución de trabajos para las administraciones públicas en áreas como el medio ambiente, el desarrollo rural, la agricultura y ganadería, infraestructuras hidráulicas, emergencias y catástrofes naturales…

Por su parte, Adif es el acrónimo de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y es una entidad pública empresarial española que depende directamente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente. Su función principal es gestionar las infraestructuras ferroviarias del país.

Qué ha sucedido entre Tragsa y Adif

Javier Chicote ha contado el caso de Jéssica Rodríguez, una de las muchas afectadas por este tipo de situaciones. La trama comienza cuando el exministro José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García acuden personalmente a ver a Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif por aquel entonces. Ambos “Le piden, con cierta urgencia, que necesitan contratar a una administrativa”, tal y como relató Chicote.

No obstante, en Adif no se puede contratar a dedo, pues el acceso se realiza exclusivamente mediante una oposición. Ante esto, la presidente habría propuesto una vía alternativa a través de Tragsa para que, a través de ella, se pueda cubrir la necesidad de personal administrativo.

Tragsa y Adif
El presidente de Tragsa, Jesús Casas Grande. Europa Press

Es entonces cuando el currículum de Jéssica llega a sus manos y finalmente es contratada, aunque no por Adif directamente, sino a través de Ineco, otra empresa pública. Más adelante, se repetiría un proceso similar con Tragsa. El periodista destaca que el punto clave está en un contrato de más de dos millones de euros destinados a que Adif pudiera incorporar personal.

“Tragsa nos dice que son una ETT para contratar gente. Pero esos contratos estaban amañados de inicio”, ha denunciado Chicote en ‘Todo es Mentira’. “Desde Adif se enviaba a Tragsa los currículums de la gente que tenía que ganar. El día que sale la vacante de Jéssica, lo envían a Tragsa y, pese a que había decenas de candidatos, gana Jéssica”, ha añadido.

Contratos amañados y colocaciones a dedo

Según el redactor, este patrón se repitió en varios casos más, todos bajo el mismo tipo de contrato: “El sistema estaba corrupto y aprovechando la corrupción del sistema, colocaron a Jéssica, como colocaron a otras. Me he encontrado varios nombres con el mismo contrato. Estaba perfectamente preparado”.

“Como mínimo van a necesitar una auditoría para saber a quién se ha contratado en esos puestos y por qué. Porque va a haber más de una Jéssica”, ha advertido Chicote respecto a este tema. De momento no hay más información, pero se espera que pronto se conozcan más datos de un nuevo escándalo en contrataciones en empresas públicas españolas.

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