EEUU tensa la soga judicial sobre empresas españolas en Cuba
Melià, Iberostar y Barceló están a un paso de los juzgados de Miami por la ley Helms Burton
Las empresas españolas en Cuba cada vez están más cerca de los tribunales. La semana próxima empiezan a caducar los plazos para presentar alegaciones o llegar a un acuerdo con los demandantes de origen cubano que reclaman dinero por enriquecimiento ilícito en sus antiguas propiedades, confiscadas por el gobierno de Fidel Castro en 1959.
Algunos de los principales actores afectados son los grupos hoteleros Melià, Iberostar y Barceló, que están a un paso de tener que defenderse en los tribunales de Miami (EEUU). En caso de perder, podrían tener que indemnizar a los demandantes con un importe equivalente a tres veces el valor actual de la propiedad.
En la actualidad, Melià gestiona más de treinta hoteles en Cuba; Iberostar, unos veinte, y Barceló, otros tres. Todavía no se ha hablado de importe a la espera de un peritaje, pero el dinero puede ser considerable. Por su parte, las empresas españolas mantienen silencio. Se limitan, como Melià, a recordar que ellos no han usurpado ninguna propiedad y que sólo gestionan el negocio.
Un jucio sin precedentes
La base jurídica de la contienda es la entrada en vigor del llamado título III de la ley Helms Burton, una norma que fue aprobada a mitad de los años noventa, con el objetivo de desincentivar las inversiones extranjeras en la isla. Hasta este año, todos los presidentes suspendieron esta parte de la ley, pero el pasado mes de mayo el actual presidente, Donald Trump, la activó.
La norma prevé que los ciudadanos que tenían la nacionalidad estadounidense cuando se aprobó la ley puedan exigir en los tribunales estadounidenses compensaciones económicas de aquellas empresas que hicieron negocios sobre los terrenos de su propiedad en Cuba –propiedades expropiadas en la revolución cubana–.
Aunque las propiedades no son de las compañías privadas y pertenecen al estado cubano, son ellas las que las explotan desde el punto de vista económico. La única condición para interponer la demanda es que estas empresas tengan activos en los Estados Unidos.
