Las empresas tendrán un mes más para reformular sus cuentas de 2024 por el impacto de los aranceles

El real decreto-ley aprobado por el Gobierno para tratar de mitigar el impacto de los aranceles impulsados por Donald Trump incluye una disposición por la cual las empresas dispondrán de un mes adicional para reformular sus cuentas de 2024, y la Junta de Accionistas se reunirá en el plazo de los tres meses siguientes a la nueva formulación.

El Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial, publicado hoy miércoles en el BOE, contempla un plazo extraordinario para la formulación de cuentas anuales en su disposición adicional primera.

Los administradores de una empresa que, a la entrada en vigor del real decreto-ley, ya hubieran formulado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024 «podrán reformularlas en el plazo máximo de un mes, a contar desde dicha entrada en vigor, tomando en consideración lo establecido en el artículo 6 de este real decreto-ley».

En ese caso, la Junta General para aprobar las cuentas del pasado ejercicio se reunirá dentro de los tres meses siguientes a la nueva formulación.

Si la convocatoria de la junta general para aprobar las cuentas del ejercicio 2024 se hubiera publicado antes de la entrada en vigor del real decreto-ley, y no se hubiera celebrado en dicho momento, «el órgano de administración podrá modificar el lugar, la fecha y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria con una antelación mínima de setenta y dos horas (…)», precisa.

En caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a efectuar una nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la nueva formulación de las cuentas.

En su Artículo 6, el real decreto aprueba la medida de suspensión de la causa de disolución por pérdidas.

El real decreto incide en que, ante la «actual amenaza de una nueva crisis», es necesario «preservar nuestro tejido económico y el empleo, procurando las condiciones legales para que las empresas viables que componen nuestra economía puedan continuar su actividad».

«A tal fin», continúa el texto, «deviene necesario permitir que las empresas que lo precisen puedan disponer de un plazo adicional para absorber aquellas pérdidas que trajo el Covid-19, prolongando el tiempo en que las mismas no sean tenidas en cuenta a efectos de la causa de disolución».

Impacto en un «número importante de empresas»

El incremento anunciado de los aranceles «podría llegar a ocasionar efectos significativos sobre la actividad comercial, la producción y el empleo de las empresas españolas», advierte el real decreto, firmado por el Rey Felipe y la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Primero, explica, «por el orden de magnitud de los incrementos anunciados, en ocasiones superiores al 25 %, en un contexto en el que los aranceles aduaneros habían venido disminuyendo entre las principales economías desarrolladas».

Y segundo, porque actualmente «la producción se organiza en torno a cadenas de valor globales, de modo que el endurecimiento de la política arancelaria tiende a generar efectos que trascienden a los competidores directos de las empresas nacionales cuya actividad se pretende proteger, afectando incluso a clientes y proveedores intermedios que operan en terceros países», añade.

Bien sea de forma directa, como exportadores recurrentes a Estados Unidos, o de forma indirecta, en tanto que proveedores de compañías con exposición directa al mercado norteamericano, «el incremento de los aranceles puede tener un impacto significativo para un número importante de empresas«, reitera.

El plan de respuesta del Gobierno movilizará un total de 14.100 millones de euros, de los cuales 7.400 son de nueva financiación y otros 6.700 se van a emplear de instrumentos ya existentes, asegura el real decreto-ley.