Los empresarios catalanes piden 10.000 millones a Pedro Sánchez
La patronal Foment del Treball reclama a las administraciones públicas una inversión adicional de 2.000 millones de euros en infraestructuras en cinco años
La patronal Foment del Treball reclama a las administraciones públicas una inversión adicional de 2.000 millones de euros anuales en las infraestructuras de Cataluña durante los próximos cinco años. En total, 10.000 millones de euros.
La comisión de infraestructuras de la patronal que preside Josep Sánchez Llibre estima que el déficit inversor en Cataluña en los últimos diez años (2009-2018) se sitúa en los 28.000 millones de euros.
Con el objetivo de equiparar la inversión a los indicadores europeos, Foment del Treball recomienda que la licitación de obras alcance el 2,2% del PIB catalán (unos 5.000 millones de euros) de manera sostenida. En 2018, la licitación de obras tan solo equivalió al 0,7% del PIB.
Ante esta situación, consideran “urgente” una inversión adicional de 2.000 millones de euros para el período 2020-2024 (en total, 10.000 millones) para reactivar las obras adjudicadas que están paradas o que se ejecutan al ralentí.
La comisión de infraestructuras de Foment del Treball concluye que las infraestructuras más estratégicas de Cataluña deben gestionarse desde el territorio con la participación de las administraciones y los agentes económicos.
Pacto nacional de movilidad
La patronal catalana propone un pacto nacional de movilidad entre las diversas formaciones políticas, administraciones y agentes económicos. Este pacto debe ser el instrumento para impulsar la inversión y mejorar la gestión de las infraestructuras.
También proponen establecer una canon de explotación de las autopistas que permita mantener estas vías una vez finalicen las concesiones y, por lo tanto, los actuales peajes.
Este 31 de diciembre finaliza la concesión del tramo de la autopista AP-7 entre Tarragona y Alicante. En julio de 2021, entre Tarragona y La Jonquera, así como el de la AP-2 entre Barcelona y Zaragoza. En noviembre del año pasado ya finalizó la concesión de la AP-1 entre Burgos y Armiñón, de manera que pasó a ser gratuita y gestionada por el Ministerio de Fomento.
La patronal considera que en cada comunidad autónoma debería crearse un órgano gestor participado por todas las administraciones con competencias que se encargase del cobrar el mencionado canon.
Respecto a la gestión de los aeropuertos catalanas, proponen la creación de un consejo rector para el de Barcelona-El Prat y que se gestionen individualmente los de Girona, Reus y Sabadell.
Respecto a los puertos, consideran necesario ampliar las competencias de las autoridades portuarias de Barcelona y Tarragona para impulsar su gestión individualizada.
