España se arriesga al embargo de bienes si no paga los 350M que debe a NextEra y 9Ren por las primas a las renovables
La retirada retroactiva de las primas a las renovables que se concedió a las empresas energéticas en las décadas anteriores es un problema legal para el actual Ejecutivo
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Nuevo revés para el Gobierno español por las reclamaciones sobre las primas a la inversión renovable que se concedieron cuando llegaron los primeros desarrollos en los inicios del siglo XXI. La Corte del Distrito de Columbia (EEUU) ha abierto la puerta a nuevos embargos de bienes y activos para España por el dinero que deben a NextEra y 9Ren por sus inversiones ‘verdes’.
La situación, en el caso de NextEra —el gran gigante americano de las renovables—, se remonta a 2019 cuando el tribunal de arbitraje del Ciadi falló el laudo en contra del Reino de España, y quedó obligada al pago de 290 M€ a la compañía. Ese mismo año perdió otro laudo con 9Ren por valor de 42 M€. Ahora se suman 6 M€ en concepto de intereses de demora y 15 M€ por condena en costas.
El Gobierno español lleva un tiempo maniobrando para eludir estos pagos con diferentes artimañas legales. Desde España se ha alegado que estos casos no serían competencia del Ciadi —al ser cuestiones intracomunitarias— y, por tanto, cualquier tipo de responsabilidad debería resolverse ante la justicia europea.
La última vista oral celebrada en Columbia cuestiona duramente las prácticas llevadas a cabo por el Gobierno español, y los comentarios de las juezas asistentes abren nuevas vías para el embargo de activos.
Algunos afectados por el recorte de las renovables han acudido a la justicia de Reino Unido, Australia o Estados Unidos para conseguir desenmarañar los movimientos españoles y recibir los pagos.
Otro potencial mazazo para España
Una de las magistradas que asistió a la vista recalcó que las inversiones ‘verdes’ de las empresas afectadas han beneficiado a España y la UE, motivo por el cual causa sorpresa que ahora no se reconozcan las obligaciones de los afectados.
También se ha criticado a la Abogacía del Estado por “retorcer” las definiciones del TCE, insistiendo en que el Tratado permite claramente el tipo de arbitrajes que han resultado en más de 25 condenas España.
Las juezas también han reflexionado sobre la naturaleza del sistema internacional de arbitraje. Sostienen que “no sienta jurisprudencia, de modo que no puede minar de forma alguna la legalidad comunitaria de la UE ni la primacía de sus magistraturas”. Advierten por otro lado que, “si todos los países se niegan a cumplir con los procesos del Ciadi, el organismo colapsaría.
De igual manera, si todos los países piden a la justicia de otros países que no cumplan con los procesos del Ciadi, el resultado sería el mismo. Argumentan que el propósito del Ciadi es precisamente el de garantizar un arbitraje neutral y ausente de interferencias”.
La defensa de las empresas
Según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL, el abogado Shay Dvortezky, en representación de NextEra y 9REN, destacó que al ratificar el Ciadi, España reconoció sus obligaciones ante posibles laudos adversos y apuntó que los tratados internacionales son claros en este sentido.
Numerosos expertos en arbitraje han remitido diversos escritos a la justicia estadounidense rechazando los argumentos de España e insistiendo en que el cumplimiento de los acuerdos internacionales es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento de las obligaciones acordadas.
Las críticas de la justicia estadounidense dejan en una posición comprometida a España. Las empresas afectadas invitan a España a reconsiderar su postura, poner fin al impago de las sentencias y trabajar con las compañías e inversores implicados para restaurar la credibilidad internacional con un acuerdo que permita saldar las deudas pendientes y volver a situar a España en una posición respetable a nivel mundial.
