El Supremo termina con el ‘chollo’ de los abogados pro Uber y Cabify

La sentencia del Tribunal Supremo (TS) ha condenado a convivir al modelo tradicional del taxi con el de Uber y Cabify. Pero hay muchos más aspectos en este nuevo escenario. Dejando de lado la reactivación de la burbuja en el precio de licencias VTC que llegará tras haber cerrado el mercado, se ha pinchado otra hasta ahora inadvertida: la de los abogados que asesoraban a particulares para que pelearan en los tribunales las solicitudes denegadas, alegando que se encontraban en un limbo legal.

Diferentes fuentes del sector critican duramente la aparición de este fenómeno. En especial su modus operandi. Ofrecían sus servicios para litigar en los tribunales por licencias que la administración les había denegado y que, siguiendo siempre la misma versión, «ellos mismos sabían que no iban a conseguir».

La explicación es sencilla. Estas solicitudes se habían pedido con posterioridad al real decreto ley de 2015, cuando el Gobierno ya había reparado el agujero legal que se inició en 2009 con la ley ómnibus, que abrió la puerta a la liberalización total del transporte.

¿Qué ocurrió a partir de ese año? Se registró una avalancha de solicitudes VTC, que se intentó reparar cuatro años después, en 2013, con la ley de ordenación de transporte terrestre. Pero no sería efectiva hasta 2015, cuando quedó establecido definitivamente el nuevo reglamento de transporte (ROTT) que rescató el ratio 1/30 (un vehículo VTC por cada 30 taxis) defendido ayer lunes en el Supremo.

La gente contrataba a estos abogados pensando que obtendría las licencias en los tribunales y podría pagar sobradamente después de venderla o explotarla

Y así lo ha demostrado la justicia en cada resolución. Las diferentes sentencias que ha ido dictando el Supremo –en noviembre del pasado año se desbloquearon 80 en una sentencia pionera que abría las puertas a otras 10.000 que estaban en la misma situación– solo han dado luz verde a las solicitudes anteriores al ROTT, pero nunca a posteriores.

“Les ha dado igual, se han aprovechado de la gente y su desconocimiento”, explica otra fuente que reconoce que ha puesto en manos de las autoridades las prácticas de un bufete particular que hacía este tipo de promesas.

“Lo hacían por precios elevados que el cliente estaba dispuesto a pagar porque contaba con que la licencia que iba a vender –en poco más de dos años han pasado de un precio administrativo de 54 euros a comercializarse por 50.000 euros– cubriría sobradamente el gasto”, añade.

Salvar al taxi como misión social

El contexto no era el más favorable para la liberalización. La proporción ya estaba sobrepasada desde hacía mucho tiempo, con ciudades como Madrid donde llega a ser de un vehículo VTC por cada cuatro taxis –el doble casi que la media en España, donde los datos de Fomento muestran que es aproximadamente de 1/8– y los ánimos estaban caldeados, con el taxi dispuesto a dar la batalla incluso fuera de los tribunales.

Y es que todos los consultados coinciden en un aspecto sobre esta sentencia que deja como perdedor a la CNMC, como ganador al taxi y contenta a Cabify y a la patronal Unauto: tiene un enfoque muy político, en el que parece que había que salvar al taxi (se califica el servicio de «interés general»).

De hecho, el golpe definitivo para blindarlo fue la maniobra del Gobierno, que se adelantó a un posible revés del TS con otro real decreto el 21 de abril. Posteriormente, el 10 de mayo, el Congreso avaló la medida por amplía mayoría –solo Ciudadanos y Foro Asturias se abstuvieron, mientras que EH-Bildu votó en contra– y la elevó a rango de ley.