El Supremo respalda al taxi contra Uber y Cabify

El Tribunal Supremo da la razón al taxi en su conflicto contra Uber y Cabify y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Lo hace en dos de aspectos clave: el límite de un vehículo VTC por cada 30 taxis y la proporción territorial 80/20.

Respecto al primer punto, el TS afirma que esta barrera es necesaria para “garantizar el equilibrio» entre estas modalidades de transporte después de que los grandes inversores hayan irrumpido en el sector con la compra masiva de licencias VTC para subirse a la ola de las tecnológicas. 

El otro aspecto clave obligará a las empresas que operan con estos permisos a desarrollar el 80% de sus servicios en la comunidad autónoma donde está domiciliada dicha autorización. 

Así, se impedirá que muchos de estos empresarios compren licencias en una comunidad autónoma donde la proporción es menor, para luego operar en otro territorio donde el volumen de negocio sea mayor. 

Anulación del mínimo de licencias

A pesar de que el grueso del fallo avale al taxi, hay una pequeña victoria de la CNMC. El superregulador ha logrado que se anule la obligación de que las compañías VTC dispongan como mínimo de una flota de siete vehículos, ya que entiende que esta barrera «excluiría» a los pequeños empresarios.

La CNMC presentó un recurso en el que pedía la nulidad de algunos preceptos del real decreto de 2015. Sus motivos: colocaba barreras que limitan la entrada y la capacidad de competir libremente, reducía la competencia en el transporte urbano de viajeros con conductor y afecta negativamente a los precios, la calidad y el bienestar general.

Los ‘amos’ de las VTC siguen blindados 

El conflicto se ha dilatado en los dos últimos años y ha alcanzado una relevancia social de primer nivel. Tanta, que el propio Gobierno impulsó un real decreto  –que más tarde se elevaría a rango de ley– para salvar al taxi.

La medida, que benefició de rebote a los empresarios y fondos de inversión que compraron en lote paquetes masivos de licencias en plena burbuja –actualmente se comercializan por 50.000 euros, frente a los 36 euros de su precio administrativo–, ha salvado definitivamente sus inversiones.

¿Por qué? Al impedir que a partir de ahora se sigan aprobando nuevas solicitudes –el ratio actual está sobrepasado con creces– el precio de estas licencias se encarecerá .

En cambio, si se hubiese liberalizado por completo el mercado al eliminar el ratio 1/30, el valor de estas licencias se habría desplomado, permitiendo que irrumpieran en el sector nuevos competidores, como otras plataformas tecnológicas como Lyft o Didi.