El juez desmadeja la trama inmobiliaria que benefició a Goldman Sachs en Madrid

Se estrecha el cerco en la investigación judicial que se lleva a cabo para determinar si la venta, en octubre de 2013, de 2.935 pisos públicos de la Comunidad de Madrid al fondo estadounidense Goldman Sachs se ajustó a la legalidad o se hizo cometiendo los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación por parte de los responsables de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda.

Los inmuebles se vendieron por 201 millones, 100 menos de lo estimado por la Cámara de Cuentas regional. Y la última providencia del juez Ignacio Bigeriego, del juzgado de instrucción 48 de Madrid, ya ha tenido sus consecuencias.

Un día después de que fuera imputado y llamado a declarar el próximo 23 de febrero, Juan Van-Halen presentaba su dimisión como director general de Arquitectura y Vivienda en el Ministerio de Fomento.

El nuevo avance procesal lo realiza el juez tras el informe que dos semanas antes le había remitido el fiscal Carlos García-Berro, encargado por parte del Ministerio Público de investigar los pormenores acerca de cómo se llevó a cabo la polémica venta de viviendas públicas del Instituto de la Vivienda de Madrid al fondo Goldman Sachs.

El papel de Azora

Además de Van-Halen, el magistrado también ha citado a declarar a Fernando Gumuzio y a Concha Osácar, responsables de la gestora Azora –la empresa que hizo el trabajo para intermediar en la compra de los inmuebles a favor del fondo estadounidense– y a los cuatro miembros de la mesa de contratación que, en primer término, dieron el visto bueno a la operación de venta.

«Hasta ahora había estado todo muy dormido. Presentamos la querella hace dos años y solo se ha llamado a declarar a Gomendio», comentaba Sonia Martínez, portavoz de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (AVVI), sobre el hecho de que en todo este tiempo solo hubiera sido llamado a declarar, como imputada, a Ana Gomedio, la gerente del Ivima en octubre de 2013, cuando la operación se llevó a término.

Pablo Cavero, al final de todo

«Ahora parece que se está moviendo el tema», se congratula Martínez, quien espera que, si todo transcurre dentro la lógica, el juez, a la vista de lo que declaren Van-Halen, los responsables de Azora y los miembros de la mesa de contratación, impute finalmente a Pablo Cavero, al que consideran verdadero impulsor de la operación al estar al frente de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid entre diciembre de 2011 y junio de 2015. Cavero es actualmente concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid. 

En la providencia, el juez, además de tomar declaración a estos nuevos testigos, también hace suyas las prácticas requeridas por el fiscal García-Berro, para que se realice una nueva tasación de los inmuebles por parte de un arquitecto designado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública.

También reitera a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) la solicitud de un nuevo informe respecto a las posibles relaciones económicas entre Bussola 99 –la sicav del consejero Cavero–, Azora y Goldman Sachs, al considerar insuficiente la respuesta recibida por parte de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Tributaria.

El fiscal entiende que existen indicios para lograr pruebas más contundentes de las que hasta ahora se han logrado. En el caso de la tasación, a finales del pasado mes de noviembre, la tasadora que firmó la tasación de los inmuebles reconocía en sede judicial que la hizo «a ojo», y que se basó en datos generales en función de lo que le había dicho su jefe.

El paripé de Encasa Cibeles

En el informe remitido por el fiscal al juez, Carlos García-Berro no deja títere con cabeza. Señala que Encasa Cibeles, la empresa con la que realizó la operación, había sido constituida el 12 de septiembre de 2013 como una sociedad unipersonal de Azora, la gestora de Gumuzio y Osácar.

Fue solo un trámite para que, mes y medio después, se produjera una ampliación de capital por la que ELQ Investors –filial de Goldman Sachs– se hiciera con el 97,8% de Encasa Cibeles. ELQ es una empresa domiciliada en Londres, pero íntegramente participada por ELQ Holdings, sociedad radicada en Delaware y «controlada por Goldman Sachs», dice el fiscal.

Hasta el paraíso fiscal de Delaware

El representante del Ministerio Público también apunta que «Delaware está considerada como una jurisdicción off shore que permite la exención de impuestos para sociedades en manos de extranjeros no residentes».

Además, añade el fiscal, «existen indicios de que la participación de ELQ Investors en Encasa Cibeles es anterior a esa ampliación», porque un día antes nombraba consejeros a Fernando Gumuzio y a los altos dirigentes de Goldman Sachs en Londres, Ana Estrada, Tavis Cannel y Marcus Vennekens.

«Otro dato que no debe pasar desapercibido», apunta el fiscal, es que el auditor de ELQ Investors es Pwc, la empresa que, a través de su filial española, asesoró en el proceso de venta de las viviendas públicas. Lo hizo en virtud del contrato firmado el 4 de abril de 2013 por el entonces gerente del Ivima Juan Van-Halen.